Lío a la vista de cara a la composición de la próxima Diputación de Cádiz que emanará de las urnas en las elecciones municipales del 24 de mayo. La Junta Electoral Provincial ha procedido hace escasas fechas a repartir los 31 escaños de la Corporación provincial entre los nueve partidos judiciales distribuidos por el territorio gaditano, una operación matemática sustentada en las cifras del padrón de habitantes. La sorpresa ha saltado al fijar la Junta Electoral Provincial que el partido judicial de Sanlúcar pierde uno de sus tres diputados provinciales que lo gana ahora el de Chiclana, que incrementaría de tres a cuatro sus representantes en la Diputación. Ni PP, ni PSOE, ni IU habían previsto en sus cálculos esta variación que en teoría, porque al final serán los votos los que determinen qué partido se beneficia de este cambio, parece perjudicar a socialistas, izquierdistas e incluso a Ciudadanos, formaciones que anhelaban hacerse con ese último escaño sanluqueño. Por el contrario, el partido que podría beneficiarse del cuarto escaño que entraría en juego en el partido judicial de Chiclana sería el PP, aunque lo tendría que pelear con el Partido Socialista.

En cualquier caso, y aunque el reparto de escaños por partido judicial es ya oficial, IU solicitó ayer por escrito a la Junta Electoral Provincial una rectificación en este procedimiento y que mantenga tres diputados provinciales tanto en el partido judicial de Sanlúcar (que incluye a Chipiona, Trebujena y la propia localidad sanluqueña) como en el de Chicana. Será ahora este órgano judicial el que dictamine si IU tiene o no razón en su requerimiento. Ayer, en declaraciones a este periódico, el secretario de la Junta Electoral Provincial, Lorenzo Rosa Beneroso, no cerraba la puerta a una rectificación si se hubiera producido un error, aunque entendía que la Junta Electoral Provincial no había variado su criterio y que había seguido el mismo procedimiento de reparto de escaños que se había llevado a cabo en elecciones municipales anteriores. Bajo su punto de vista, el aumento del padrón del partido judicial de Chiclana (que aglutina a las poblaciones de Barbate, Vejer y Conil además de la propia localidad chiclanera) es el único elemento que ha propiciado esta variación.

El reparto de escaños de cada Diputación Provincial viene regulado en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). No obstante la misma omite un elemento clave para llevar a cabo esta operación que posiblemente haya sido lo que ha propiciado la confusión actual. El número de escaños de cada partido judicial se obtiene dividiendo la población de derecho de la provincia de Cádiz (1.240.175 personas, según el último padrón oficial aprobado a finales de diciembre) entre los diputados a elegir. Esa división aporta una cuota de reparto que será entre la que, posteriormente, habrá que dividir el padrón particular de cada partido judicial. El resultado es el que fija el reparto definitivo: los números enteros son diputados a elegir y si quedaran plazas vacantes, como suele suceder, las mismas son asignadas a los partidos judiciales con los decimales más altos.

Pero, ¿entre cuántos diputados hay que dividir el padrón provincial para obtener la cuota de reparto? Ahí está el origen de la polémica, porque no se especifica. Hasta ahora en la Diputación de Cádiz se había seguido el mismo criterio que se aplica para el reparto de escaños por provincias tanto en el caso del Congreso de los Diputados como en el del Parlamento de Andalucía. En el primero de los casos, y según refleja el artículo 162 de la LOREG, el padrón oficial del país se divide entre 248 vacantes en la Cámara Baja, ya que previamente se ha reservado dos diputados para cada una de las 50 provincias españolas, además de uno para Ceuta y otro para Melilla. El Congreso está formado por 350 diputados.

En el caso del Parlamento autonómico, regulado en el artículo 17 de la Ley Electoral de Andalucía, se aplica el mismo criterio. La Cámara andaluza está formada por 109 parlamentarios pero, en aras a garantizar la representatividad de todos los territorios, se reserva un mínimo inicial de ocho representantes para cada una de las ocho provincias andaluzas. Así, para obtener la cuota de reparto se divide el padrón de la comunidad autónoma no entre los 109 diputados sino solamente entre los 45 escaños restantes.

Este mismo procedimiento, aunque con mínimas modificaciones, es el que se ha aplicado en la Diputación de Cádiz al menos en las elecciones municipales de 2003, 2007 y 2011. Es decir, en esas convocatorias electorales se reservaba antes un mínimo de un diputado provincial por cada uno de los nueve partidos judiciales de la provincia, que es una premisa intocable que sí viene fijada claramente en el artículo 204 de la LOREG. De esta manera, para hallar la cuota de reparto se dividía el padrón de la provincia no entre los 31 representantes de la Diputación sino sólo entre 22, ya que los nueve escaños restantes habían sido repartidos previamente a cada partido judicial, a razón de uno para cada uno de ellos.

Ahora, sin embargo, la Junta Electoral Provincial ha variado su procedimiento y ha dividido el padrón provincial entre 31 diputados. De esta manera, cierto es, queda garantizada la obligatoriedad de que todos los partidos judiciales tengan al menos un representante, aunque el resultado final de las diferentes operaciones conlleva el baile del último escaño en juego, el que de momento ha perdido Sanlúcar en beneficio de Chiclana. El resto del reparto sería idéntico si se aplicara un criterio o el otro.

Lo curioso es que si el procedimiento llevado a cabo ahora por la Junta Electoral Provincial se hubiera aplicado en las tres elecciones municipales precedentes, el resultado habría sido diferente. Así, tanto en los comicios locales de 2003 como en los de 2007 el partido judicial de Cádiz capital no habría perdido el escaño que entonces ganó el partido judicial de Sanlúcar, mientras que en las elecciones municipales de 2011, si se hubiera aplicado el criterio seguido ahora por la Junta Electoral Provincial, Sanlúcar ya habría perdido entonces su tercer escaño en beneficio del partido judicial de Chiclana. Eso hubiera conllevado que la mayoría absoluta que el PP ha tenido este último mandato habría sido de 17 diputados, en vez de los 16, mientras que el PSOE se habría quedado con 11 representantes en vez de los 12 que le dieron las urnas. Hay que recordar que el tercer escaño del partido judicial de Sanlúcar, el que ahora se pierde, terminó siendo para el PSOE mientras que el cuarto del de Chiclana, que hace cuatro años no garantizaba escaño, hubiera sido para el PP.

Por el contrario, si de cara a las elecciones municipales de este año se mantuviera el criterio seguido todo estos años, es decir, el de dividir el padrón provincial entre sólo 22 diputados provinciales de cara a obtener la cuota de reparto, el partido judicial de Chiclana no le arrebataría un escaño al de Sanlúcar y todo seguiría igual. En cualquier caso, la última palabra la tiene ahora la Junta Electoral Provincial, que tiene que decir si se ha equivocado o si, por el contrario, mantiene vigente su último reparto de escaños, lo que daría pie a pensar que los fallos se produjeron en elecciones municipales precedentes.