Lentísima Operación Estela

La Operación Estela, la polémica investigación antidroga lanzada en 2002 desde El Puerto por el juez Miguel Ángel López Marchena, avanza de forma tan lenta en los tribunales que seis años después aún hay en Juzgados de la provincia cinco procedimientos derivados de esas pesquisas que ni siquiera tienen escrito de acusación del fiscal. El primer y único juicio en Cádiz a detenidos en la operación fue celebrado el pasado noviembre y deparó una sentencia condenatoria al único procesado. Un séptimo procedimiento sí tiene escrito de acusación: va dirigido contra un vecino de Barbate acusado de almacenar en su casa cuarenta kilos de hachís. El fiscal pide para él tres años de prisión y la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas.

Precisamente esa atenuante, dilaciones indebidas, benefició también a J.J.V, condenado el pasado noviembre a tres años y seis meses de prisión. Él fue el primer detenido de la Operación Estela, que sumó después unos cuarenta más. Algunos de esos detenidos están imputados en los distintos procedimientos en que fue dividida la causa instruida en El Puerto por el juez López Marchena.

López Marchena instruyó el caso y lo mantuvo en el Juzgado número 3 de El Puerto hasta que en noviembre de 2003, tras un sonado enfrentamiento entre el magistrado y la Fiscalía, que entonces dirigía Isidoro Hidalgo, la Audiencia Provincial de Cádiz decidió que no era competente para continuar con un asunto que territorialmente no le correspondía en buena parte. La Operación Estela, dictaminó la Audiencia, agrupaba varios casos no conectados entre sí para formar parte de un solo sumario que debían ser enviados a los Juzgados correspondientes, ubicados en la provincias de Jaén, Granada y Cádiz (y aquí, en Barbate, Algeciras y Jerez).

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta, que le dejó al juez López Marchena uno de los procedimientos: el juzgado el pasado noviembre.

Los procedimientos que aún carecen de escrito de acusación del fiscal se encuentran en Juzgados de Barbate y Jerez. En algunos de esos casos, además de las dilaciones indebidas, los tribunales que los juzguen tendrán que pronunciarse sobre las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, cuestionadas en su día por la propia Fiscalía, que llegó a reclamar en la Audiencia la nulidad de toda la Operación Estela porque estimaba que estaba plagada de irregularidades.

La Audiencia rechazó en febrero de 2004 anular toda la Operación Estela pero lo hizo en un auto de la Sección Cuarta repleto de reproches al modo en que el magistrado de El Puerto dirigió la investigación y tramitó la causa.

La resolución de la Audiencia calificó algunas actuaciones como "una perversión completa del proceso penal" y habló de "evidentes irregularidades". No obstante, consideró que no era el momento procesal oportuno para hacer un pronunciamiento general sobre lo actuado y también criticó que la Fiscalía no hubiese controlado al juez López Marchena durante seis meses: desde que empezó la Operación Estela en octubre de 2002 hasta que en abril de 2003 el fiscal comenzó a vigilar la labor del juez instructor.

Tras ese rechazo a anular toda la Operación Estela, la Audiencia sí dictó varios autos que invalidaron diferentes escuchas y decisiones adoptadas por López Marchena durante la investigación porque, argumentó, vulneraban derechos fundamentales de algunos investigados.