La Fiscalía Antidroga ha advertido de que el tráfico de drogas llevado a cabo por organizaciones o grupos criminales se extiende por todo el territorio nacional, si bien ha alertado específicamente sobre algunos fenómenos, tales como los narcopisos en Cádiz, Madrid y Barcelona o la configuración de Galicia y la Bahía de Algeciras como centros neurálgicos de esta actividad delictiva, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) referida a 2021.

La memoria de la FGE se hizo pública este miércoles, 7 de septiembre, en el acto de apertura del año judicial 2022-2023. Este documento recoge la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente al último año, así como la evolución de la criminalidad y la prevención del delito.

En dicha memoria se hace una afirmación tajante sobre el tráfico de drogas en sus distintas modalidades: “Es un fenómeno implantado en todo el territorio nacional que genera, además de los problemas de salud pública, otros de auténtica seguridad ciudadana, no circunscrito en exclusiva a la zona de la Bahía de Algeciras”.

Sobre el problema que representan las plantaciones de cannabis, el informe anual advierte que, si bien en un primer momento parecía haber una cierta vinculación de las plantaciones de pequeña extensión con los llamados “clubes cannábicos”, el contexto actual revela la existencia de auténticas organizaciones constituidas por personas de diversas nacionalidades y cuya finalidad es, sobre todo, la exportación a otros países de Europa, puesto que el mercado interno es insuficiente para cubrir la producción.

Ejemplo de la proliferación de las plantaciones de cannabis en prácticamente todo el territorio nacional tiene su reflejo en las memorias de los fiscales delegados de lugares tan diferentes como Cádiz, Huelva, Almería, Barcelona, Asturias, Cantabria, Valencia o Vizcaya. En concreto, los delegados andaluces mencionan la proliferación de plantaciones cuyos responsables declaran que están cultivando cáñamo para usos industriales aunque no justifican ni documentan dicha declaración, y ello pese a que ese cultivo no está subvencionado ni parece que la lícita actividad genere beneficios importantes.

La memoria de la FGE pone la lupa en la problemática del tráfico de drogas a través de los puertos, y cita al de Algeciras, así como en el incremento de los denominados narcopisos, generalmente ubicados en el centro de las ciudades como Cádiz, Madrid, Barcelona o Huelva, o incluso en pueblos o en barrios enteros.

La Fiscalía insiste en que la actividad delictiva del tráfico de drogas cometida por organizaciones o grupos criminales se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, pone de relieve la existencia de fenómenos particulares en determinadas zonas. Aquí cita expresamente la actividad “muy significativa” de la Bahía de Algeciras.

Describe pues una "doble realidad". Por un lado, la operativa en este puerto con la entrada de cocaína en contenedores, incluso en grandes envíos con más de una tonelada, lo que "en principio no genera problemas de seguridad ciudadana pero sí de salud pública"; y con "la entrada de hachís procedente de Marruecos por vía de vehículos particulares o de transporte", que se ha visto "sensiblemente reducida" por el cierre de la frontera.

Por otro lado, retrata una segunda realidad que sería "la implantación de organizaciones y grupos en la Bahía de Algeciras dedicados especialmente al tráfico de hachís, que es, en principio, donde se están destinando los mayores esfuerzos policiales", una presión policial que "parece haber conseguido controlar o al menos reducir de forma significativa los problemas de seguridad ciudadana".

No obstante, la FGE apunta a la búsqueda por parte de las organizaciones criminales de “nuevas zonas para realizar alijos y depósitos de droga”, por ejemplo, en la zona del Guadalquivir, en la provincia de Huelva o incluso en Portugal, donde las embarcaciones de alta velocidad, que constituyen género prohibido en España, no lo son en aquel país.

Por otra parte, la actividad de los fiscales respecto al narcotráfico se ha traducido en un notable incremento de los procesos por blanqueo de capitales, con los añadidos problemas de gestión de los bienes incautados y el notable incremento de las personas presas provisionalmente por este delito.

En cuanto a las consecuencias de la pandemia, el Ministerio Público destaca que, "desde el punto de vista del tráfico de drogas", habría impactado solamente en "la actividad delictiva que estuvo restringida por el largo período de limitación de movimientos de la primavera pasada y el cierre de establecimientos y fronteras".

A nivel estadístico, la memoria de la FGE resalta que en 2021 se destruyeron en total 2.277.342 kilos de droga frente a los 551.177 de 2020, lo que supone un 313% más, mientras que los procedimientos por tráfico de drogas aumentaron un 4,47% (20.890 respecto a los 19.996 del año anterior), con más de 1.000 en Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz/Ceuta, Granada y Alicante, por este orden. Ahora bien, la Fiscalía de Cádiz registró un descenso de asuntos relacionados con el tráfico de drogas respecto a 2020. Así, mientras que en 2020 se tramitaron 1.353 casos, el pasado año se gestionaron 1.038, un 23,28% menos.