"Una vez iniciado el camino, con esta sentencia se seguirá y culminará". Esta afirmación la dijo el primer teniente de Alcaldía y portavoz municipal, Antonio Saldaña, horas después de conocerse la sentencia que declaró no ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 260 empleados municipales. Y ese camino no es otro que, tal y como dejó entrever entonces, pagar los 45 días por año trabajado en concepto de indemnización a los despedidos ya que se persiste en el objetivo de aligerar la nómina municipal.

Aunque el gobierno local, por el momento, evita pronunciarse alegando que está a la espera de la aclaración de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este periódico ha podido saber que en esta decisión han pesado los números puesto que el coste total de la indemnización, que rondará los 12,3 millones (aplicándose los 45 días por año trabajado a los 260 trabajadores despedidos), podrá amortizarse en un corto periodo de tiempo con el ahorro que supone la reducción en el apartado de personal.

Así, en el presupuesto de este año, con el ERE ya aplicado, se ha pasado de unos gastos en este capítulo de 82,4 millones de euros en 2012 a 67,9 millones en el presente ejercicio. De esta diferencia, y según las fuentes consultadas, aproximadamente un 75% (unos 11 millones de euros) corresponde a las nóminas que el Ayuntamiento ha dejado de pagar por el expediente ejecutado el pasado mes de septiembre y el resto a otras medidas adoptadas en el apartado de personal como la reducción de complementos mediante la modificación del convenio colectivo municipal y la entrada en vigor de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

Por contra, en el caso de que el gobierno local optara por la readmisión, se tendría que iniciar un doble procedimiento. Para empezar, los afectados tendrían que devolver las indemnizaciones entregadas en septiembre (20 días por año trabajado), cuya cuantía fue de 5,3 millones, pero el Ayuntamiento tendría que abonarles las nóminas desde el día que recibieron la carta de despido hasta su readmisión (los llamados salarios de tramitación) así como las cotizaciones correspondientes a este periodo, una cuantía que ronda los siete millones. Pero lo que pesa es que se eliminaría el grueso de la reducción aplicada en el capítulo de personal del presupuesto, de ahí que el gobierno local no haya dudado en optar por la indemnización, aunque su cuantía se vaya a duplicar con respecto a lo inicialmente previsto.

Mientras tanto, los sindicatos han exigido al gobierno local que ese camino iniciado a mediados del año pasado se desande y se vuelva a la situación de partida con la readmisión de los despedidos y la apertura de un proceso negociador para buscar fórmulas con las que reducir los gastos de personal, que hasta antes del ERE suponía un 37% del presupuesto y, tras su aplicación, es del 30%. Por ello, han insistido en que, si hay rescisiones laborales, sean siempre con carácter voluntario.

El ERE municipal formaba parte de un conjunto de medidas que aprobó el gobierno local el 30 de marzo del año pasado para poder acogerse a una línea de crédito que serviría para pagar facturas a proveedores. Además del ERE, cuya aplicación se estimó inicialmente que supondría un ahorro de 13,2 millones de euros y que en un principio se anunció que afectaría a 360 personas para luego presentar una propuesta de 300 y que al final quedó en 260, se recogía la modificación del convenio y la RPT, que conllevaría una rebaja de costes laborales de unos 12 millones. Finalmente, se incluía la aplicación de otros expedientes de regulación de empleo en las empresas municipales, que aún no se ha presentado, y la modificación de sus respectivos convenios, unas medidas con las que se pretenden reducir los gastos de personal en otros ocho millones de euros.