La Diputación acumuló impagos de 60.000 euros en facturas de luz

El diputado responsable del Área de Servicios Económicos, Jesús Solís, calificó ayer de "desorden" la situación en que encontraban la tesorería de Diputación al llegar al Gobierno y ha puesto varios ejemplos como facturas impagadas a la empresa comercializadora de luz desde el mes de enero, que arrojaban una deuda de más de 60.000 y "que provocaron avisos de cortes de suministro en septiembre, que en algunos casos llegaron a efectuarse puntualmente".

Solís también habló del retraso en los pagos del Plan Reactiva de 2014, "que todavía lo está pagando un año después" y denunció que, por el contrario "sí se abonaron 21.500 euros para un informe externo encargado desde Presidencia, debían ser a unos amigos suyos, sobre las consecuencias para la Diputación de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", que según informó el diputado podría haberse realizado por personal de la casa y "que consiste en una copia exacta de la Ley y una única página de conclusiones". "

El diputado de Hacienda hacía ayer estas declaraciones tras las críticas del grupo popular al destino del superávit de la institución, que dedica 5,5 millones a amortizar deudas bancarias. Solís denunció ayer el "cinismo" de Loaiza, ya que esta decición "no depende del equipo de gobierno, sino que está estipulado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que nos puso el Gobierno. De hecho, "el Pleno instó al Gobierno de la Nación a alterar éste y otros aspectos de la ley y encontró oposición en el PP que votó en contra", afirmó.

El diputado dijo que el único supuesto en que la ley permite que el remanente positivo de tesorería pueda destinarse a diferentes inversiones sostenibles, es que se cumpla un periodo medio de pago a proveedores menor a noventa días, algo que actualmente no se cumple en la Diputación, y que, en opinión de Solís, no puede achacarse al nuevo equipo de Gobierno, que lleva menos de cinco meses de mandato. Solís explicó que los planes de inversiones Reactiva pudieron ejecutarse en 2013 porque la ley no establecía aún ese requisito, ya que no se hubiera cumplido (los informes de intervención cifran en 143 días el periodo medio trimestral) y en 2014 porque se aprobó en agosto, "único mes del año en que la Diputación cumplió ese pago medio porque el presupuesto dejó de ejecutarse.