La Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía mantienen un convenio de colaboración desde 1985 para el mantenimiento de 16 Centros de Tratamiento Ambulatorio en la provincia y la atención de personas con drogodependencia. Sin embargo, la institución provincial alertó este miércoles que "la Dirección del Servicio Andaluz de Salud ha comunicado que deniega renovar el acuerdo y afrontar la aportación de 1,9 millones para esta red asistencial".

Así, lo apuntó el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, que en rueda de prensa manifestó que si la Junta no garantiza esa financiación pone en riesgo la atención asistencial a 6.700 personas con problemas de Drogodependencia, usuarias de los diferentes centros de la provincia.

De la Encina ha calificado de “alarmante” esta situación y ha lamentado que el nuevo Gobierno de la Junta a estas alturas del año no solo no ha confirmado su aportación a la Diputación ni a las otras siete diputaciones andaluzas, sino que ha manifestado su negativa a través de un “lacónico” correo electrónico del director gerente del Servicio Andaluz de Salud, SAS. También ha lamentado que no se haya celebrado una reunión informativa con responsables de las diputaciones andaluzas para informar de los motivos de este rechazo. No obstante, de la Encina ha mostrado su esperanza de que esta situación quede resuelta lo antes posible.

Este jueves, la Consejería de Salud y Familias ha contestado asegurando que "la atención a las personas con problemas de adicción no ha corrido peligro en ningún momento". En un comunicado asegura que ha informado a las corporaciones locales, que las subvenciones destinadas al mantenimiento de centros de atención a las drogodependencias y adicciones deben ser solicitadas como subvención extraordinaria para poder concederse y lamenta que desde la Diputación se haya acusado al Servicio Andaluz de Salud de no querer continuar con la concesión de subvenciones. "La entidad provincial ha sido informada, tanto por correo electrónico como por correo certificado, de que ante la imposibilidad de proceder a la concesión de la subvención mediante convenio de colaboración, se iba a buscar una alternativa como son las subvenciones excepcionales, por lo que se le ha remitido ya modelo de solicitud, relación de documentación a adjuntar y aclaraciones sobre posibles dudas", apuntan.

6 millones de euros de presupuesto 

La atención a las personas con drogodependencia en la provincia se presupuesta en unos seis millones de euros de los que la Diputación aporta casi cuatro, en concreto, 3.951.238, lo que ha calificado de la Encina como “esfuerzo económico enorme”. La Junta debe contribuir con 1.897.941, según el convenio que queda ahora en el aire. Con estos seis millones se sostienen los 16 centros y se pagan las nóminas de un centenar de profesionales.

De la Encina ha anunciado las medidas que se están tomando desde la Diputación para solventar esta situación: por un lado la Diputación va a presentar un recurso de reposición ante el SAS, que tendrá continuidad en modo de contencioso si resulta desfavorable. Además, el diputado ha solicitado sendas reuniones con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz; y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Por otro lado, la Diputación de Cádiz está en contacto con el resto de diputaciones andaluzas para poder actuar y movilizarse de manera coordinada a favor del sostenimiento de este servicio público.

"Nuestra respuesta es mantener el mismo compromiso administrativo. No vamos a desatender este sistema público de atención a la drogadicción y a los seis mil setecientos atendidos, ni se va a dejar en la calle a los 100 profesionales”, ha afirmado el diputado de Bienestar Social.

De la Encina ha querido subrayar la utilidad de este servicio público, "la mayor y más prestigiosa red provincial de Andalucía de abordaje de la drogadicción”, en palabras del diputado, y ha ofrecido datos sobre su funcionamiento. Cuenta con seis mil setecientos usuarios, lleva celebradas cuarenta mil citas clínicas en lo que va de año y cuenta con un centenar de profesionales, entre médicos, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo. Sus centros se distribuyen por Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algodonales, Arcos, Barbate, Conil, Chiclana, La Línea, Puerto Real, Sanlúcar, Ubrique, Rota, Villamartín, Cádiz, El Puerto y San Fernando. También se atiende a la población penitenciaria de las prisiones de Botafuegos y Puerto II.

En los años 80, los CTA atendieron principalmente la lacra de la heroína, en los 90 ganó triste protagonismo la cocaína, y en 2000, las drogas sintéticas. Actualmente, además del alcohol, se tratan nuevas formas de adicción como la ludopatía, el juego y apuestas on line, o el enganche a redes sociales, especialmente en menores de edad.

Contestación de la Junta

Desde la Consejería de Salud  han asegurado que la atención a las personas con problemas de adicciones no ha corrido peligro nunca, puesto que desde el principio se ha manifestado la voluntad e interés en mantener la Red de Adicciones íntegramente y la colaboración con las entidades locales, destinando a las Diputaciones los fondos que han solicitado.

Así, en este momento, las corporaciones deben solicitar cuanto antes la subvención extraordinaria para tramitarla en plazo, antes del cierre presupuestario y abonar las cantidades. Las subvenciones de la Junta de Andalucía para la atención a las personas con problemas de adicciones por parte de las corporaciones locales (diputaciones y ayuntamientos) en la Comunidad, venían siendo reguladas por la Orden de 21 de julio de 2005. En 2010 entra en vigor, el Decreto 282/2010, de 4 de Mayo, que por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, que establecía un plazo de seis meses para adecuar las bases reguladoras a dicho reglamento.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que tenía las competencias en materia de adicciones durante los últimos años, admitía las solicitudes de convenios en los términos marcados por la Orden de 2005 sin que ésta fuese actualizada, tal y como se recoge en la normativa posterior.

En febrero de 2019, las competencias en materia de drogas y adicciones pasan a la Consejería de Salud y Familias, en concreto al Servicio Andaluz de Salud (SAS), y en el momento en que las propuestas de concesión de subvención instrumentalizadas mediante convenio, se remiten a la Intervención Central del SAS, a fin de que proceda a su preceptiva fiscalización, la referida intervención emite informe de reparo el 17 de octubre de 2019, al no estar la Orden de 21 de julio de 2005, adaptada a la normativa vigente.

No obstante, desde la Asesoría Jurídica del SAS se ha valorado la viabilidad, en aras de solucionar la situación y continuar con el sostenimiento de la red pública de drogodependencias, de poder conceder subvenciones excepcionales. De dichas circunstancias han tenido conocimiento todas las entidades locales afectadas, entre ellas la Diputación de Cádiz.