Las consecuencias de los retrasos de las ayudas por dependencia 4.007 personas murieron en la provincia de Cádiz esperando las ayudas por dependencia

  • Los fallecimientos se produjeron en los tres últimos años, según la Junta, que ha puesto en marcha ya un plan de choque con una inversión de 77 millones de euros

El plan de choque por la dependencia de la Junta empezó a aplicarse el pasado lunes. El plan de choque por la dependencia de la Junta empezó a aplicarse el pasado lunes.

El plan de choque por la dependencia de la Junta empezó a aplicarse el pasado lunes.

Un total de 4.007 personas fallecieron en los últimos tres años en la provincia de Cádiz mientras esperaban, ya fuera de plazo, la tramitación de su grado de dependencia o la resolución de su Plan Individual de Atención (PIA). Este dato, aportado por la Junta, supone casi el 14,5% de las 27.658 personas que murieron en el conjunto de Andalucía en esta misma situación. Las provincias con más fallecimientos por esta causa son Sevilla y Málaga, con 7.599 y 4.242, respectivamente. Y por detrás de los 4.007 de Cádiz están Granada, con 3.966; Córdoba, con 2.860; Jaén con 2.492; Almería, con 1.595, y Huelva, con 897 fallecidos.

Estos datos, junto con el del número de personas que siguen esperando para poder beneficiarse de estas ayudas de dependencia han motivado el plan de choque puesto en marcha desde el pasado lunes por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y cuyos objetivos fueron planteados el pasado miércoles por la consejera del ramo, Rocío Ruiz, en una comparecencia en el Parlamento andaluz.

Durante su intervención, Ruiz subrayó que “nuestros mayores no se merecen que después de una vida completamente dedicada a velar por nuestro bienestar y por nuestro futuro tengan que esperar meses e incluso años, para que se les reconozca una situación de dependencia y puedan acceder a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho. Son personas que incluso fallecen sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Lo cual resulta extremadamente dramático”.

Por ello, la consejera destacó que “se priorizará la incorporación al sistema de los más de 31.500 menores de 18 años y mayores de 80 que se encuentran en lista de espera, muchos de ellos valorados como grandes dependientes e incluso algunos aún sin valorar”.

Ruiz detalló en sede parlamentario el informe elaborado por su Consejería y detectó que en la actualidad hay 110.447 personas que están actualmente pendientes de ser atendidas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con nuevos datos actualizados a 28 de febrero. Una cifra que incrementa en más de un 45% las cifras de lista de espera, recogidas en las estadísticas oficiales del sistema y que, aseguró, ocultaba el anterior Gobierno socialista.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía criticó que, según los datos recogidos en dicho informe, un total de 75.132 personas están actualmente pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención (PIA) y así poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia como, por ejemplo, la prestación económica, la atención residencial, el centro de día, la ayuda a domicilio o la teleasistencia.

Además, añadió, este informe “ha concluido que 35.315 andaluces no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero ni siquiera se les ha llamado y están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia”, señaló la consejera.

Por otra parte, Rocío Ruiz resaltó que un hecho que agrava más la situación es que “hemos descubierto que existe un número indeterminado de solicitudes que podríamos decir que están en el limbo de la burocracia, ya que al tramitarse todo en papel y no existir una aplicación informática, están en montañas de papeles que no aparecen reflejadas en ningún sistema de información”.

De ahí la puesta en marcha de este plan de choque en materia de dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros y que tendrá como objetivos simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios que prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.

“Vamos a revisar y actualizar, desde una perspectiva integral, todo el funcionamiento del sistema de prestaciones de la atención a la dependencia, para adecuarlo a la realidad y a las necesidades del conjunto de personas usuarias”, recalcó la consejera.

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