Declaran en concurso voluntario de acreedores a Brassica

El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Concursal, ha emitido un edicto en el que informa de la declaración en concurso voluntario de acreedores de Brassica Group, S.A., con domicilio en Jerez y cuyo director general es el empresario Manuel García Gallardo.

El anuncio se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, consultado por Europa Press, donde se detalla que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración concursal, que ha designado a Pascual Valiente Aparicio.

Los acreedores interesados que deseen comparecer en el procedimiento deben hacerlo por medio de procurador y asistidos de letrado.

Cabe recordar que, según la información recopilada por EuropaPress, Brassica Group gestionaba hasta el pasado mes de enero los servicios de comedor escolar en centros docentes públicos de Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, cuyos contratos fueron suspendidos por la Consejería de Educación tras reiterados incumplimientos que propiciaron, entre otras cuestiones, que los trabajadores convocaran una huelga.

Con el fin de restablecer el servicio y causar el menor perjuicio a las familias, se adjudicaron provisionalmente a otras empresas del sector hasta el término del curso escolar y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el pasado 21 de mayo al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos para contratar, en régimen de concesión, la gestión del servicio de comedor escolar para los 118 centros docentes públicos de la comunidad.

También desde enero han venido protagonizando huelgas y protestas por impagos los trabajadores de las cafeterías de cuatros centros hospitalarios de Granada de los que Brassica era concesionaria.

Además, Manuel García Gallardo está a la espera de que se solucione un largo contencioso planteado con la Zona Franca de Cádiz en el que se mantiene en la causa de Quality Food, pero en vez de como imputado, como cooperador necesario en el presunto delito de malversación de caudales públicos.