Condenados los 11 acusados del caso Popeye que no pactaron con el fiscal

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a los 11 acusados del caso Popeye que rehusaron pactar su pena con el fiscal al inicio del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz. La primera sentencia sobre el procedimiento (no es firme) impone así distintas penas a los 32 procesados, casi todos vecinos de poblaciones de La Janda, que fueron detenidos en el marco de una operación antidroga desarrollada en 2009 y 2010 en Barbate.

El juicio, señalado para varias jornadas, comenzó el pasado 10 de septiembre y entonces 21 procesados anunciaron que se conformaban con la pena pactada por sus abogados defensores con el fiscal. Entre ellos estaba Ramón Junquera Figueroa, conocido como Popeye, nacido en 1980 y vecino de Barbate, al que el fiscal atribuía el papel de líder del grupo. Se conformó con siete años y nueve meses de prisión por dos delitos, tráfico de hachís y blanqueo de capitales, con la agravante de reincidencia (tiene dos condenas anteriores) y una atenuante por confesión tardía.

Las penas a los otros procesados que pactaron son muy dispares. Por ejemplo, tres mujeres, J.V, T.R. y A.R., admitieron penas que no superan los dos años de cárcel (por un delito de receptación) y el tribunal les concedió la suspensión de condena: no ingresarán en prisión si en los próximos tres años no delinquen. Pablo Ramírez Vega se conformó en cambio con siete años y nueve meses de prisión por tráfico de hachís y blanqueo de capitales. Y Moisés Román, con cinco años de cárcel por tráfico de hachís y hurto.

La condenas a los procesados que no pactaron también varían, aunque no tanto. Hay una de dos años y medio de prisión, otra de cuatro años y medio, ocho de cuatro años y una, a A.A.R., de cinco años y tres meses por tráfico de hachís y hurto.

En total, son nueve los procesados en este asunto que eluden la entrada en prisión. Ocho consiguen la suspensión de condena y uno ve sustituida la pena de un año y seis meses de cárcel por la de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia explica que la investigación que llevó a 32 procesados al banquillo (hay uno más que se encuentra en rebeldía) se inició a raíz de una denuncia presentada por uno de ellos. El 17 de diciembre de 2009, A.G.S. acudió al puesto de la Guardia Civil de Barbate y dijo que había sido agredido por dos personas, otros dos procesados. Había participado con ellos en el desembarco de 16 fardos de hachís (480 kilos) y se había perdido uno. Los otros lo acusaban de haberse quedado con él. El hombre contó que el día anterior, el 16 de diciembre, lo habían llevado a una finca y que allí le habían propinado golpes y le habían amenazado con pegarle un tiro y arrojarlo luego a un pozo si no devolvía el fardo de hachís.

Así comenzó la investigación. La Guardia Civil supo que el alijo y el ajuste de cuentas podían estar relacionados con el vecino de Barbate conocido como Popeye y con familiares suyos que participaban en el tráfico de hachís.

La resolución señala que las indagaciones llevaron a constatar la llegada a la costa barbateña de un cargamento de hachís, en marzo de 2010, que fue sustraído y que deparó un encuentro y un violento enfrentamiento entre algunos procesados y miembros de la organización marroquí en el aparcamiento de un restaurante de La Barca de Vejer.

En abril hubo un nuevo alijo. El cargamento fue trasladado a una finca cercana a Benalup. Y en mayo, el día 13, otro alijo de hachís. Hacia las ocho de la tarde iba a ser desembarcado en los acantilados de Barbate, hacia los Caños de Meca. Eran 25 fardos, unos 731 kilos de hachís que la operación policial logró capturar.

Contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, de la que ha sido ponente la magistrada Inmaculada Montesinos, cabe recurso ante el Tribunal Supremo.