El AMPA del CEIP Ntra Sra de las Montañas de Villamartín, así como Marea Verde de la Sierra y algunas organizaciones sindicales, como USTEA, protestaron hoy contra el pretendido cierre de una de las dos unidades de tres años del centro, que ha tenido este año 32 solicitudes de matrícula. Soraya Rubiales, presidenta de la Asociación de Madres y Padres, apunta que, hasta el momento, el Nuestra Señora de las Montañas siempre había mantenido sus dos líneas pero que en 2020, en el pueblo, nacieron 85 niños. De los otros dos colegios que hay en Villamartín (Torrevieja y Elio Antonio de Nebrija), uno cuenta también con una línea y el otro, con dos. Contando con el recorte de línea, el CEIP Nuestra Señora de las Montañas tendría una sola clase de infantil de 25 alumnos, "entre los cuales estarían dos alumnos con necesidades especiales y otros tres o cuatro que aún no hablan, con lo que necesitarían refuerzos- explica la presidenta-. Así que lo que queremos es que se mantengan dos líneas, con 16 en cada una, que reúnan en una clase a los dos alumnos con necesidades especiales y, en la otra, a los tres que necesitan refuerzo". 

De los solicitantes, siete alumnos han sido trasladados a otro centro de la localidad, "pero de ellos, van tres con necesidades especiales a un curso que este año no había convocado ninguna plaza específica".

Soraya Rubiales apunta que, en principio, cuando el pasado febrero salió la convocatoria del CEIP Nuestra Señora de las Montañas, se anunciaron 50 plazas, pero después la cifra se redujo: "Desde la comisión han hecho lo que pueden -continúa-, y la dirección y el AMPA nos hemos reunido con la delegada de Educación y la jefa de Planificacion, que siempre nos dicen que hay que esperar hasta septiembre para una confirmación". Pero esperar hasta septiembre no facilita precisamente el escenario a las familias.

Así, bajo una lluvia torrencial, los interesados han permanecido concentrados esta mañana en la puerta de su colegio, exigiendo que se revierta la decisión de recortar su segunda unidad como han conseguido otras AMPAS, caso del CEIP El Membrillar de Jerez de la Frontera, que contaba con 36 solicitudes, apenas cuatro más que ellas. En la misma situación se encuentran otros centros de la provincia: CEIP Reyes Católicos de Puerto Real (34 solicitudes/25 plazas), CEIP Lapachar de Chipiona (36 solicitudes/25 plazas) o el CEIP Carola Ribed de Cádiz (29 solicitudes/25 plazas).

"Un año más -recordaban al respecto desde USTEA- al llegar el periodo de matriculación asistimos a la pérdida de unidades y a la discriminación de trato de la Educación Pública con respecto a la concertada, que permanece blindada mientras la pública ha de asumir el catastrófico descenso de la natalidad provocado por la crisis y la precariedad laboral de las familias más jóvenes, este año agravado aún más por los efectos del confinamiento de la pandemia de covid.".

"Llevamos más de una década sin que la Administración educativa haga nada por evitar esta situación y empieza a ser insostenible", continúa el sindicato en su nota, recordando que en Cádiz capital se da un "verdadero desmantelamiento de la escuela pública, pues la enseñanza concertada acoge ya a más del 60% del alumnado y comienza a afectar a centros históricos y de gran tradición". Pero el cierre de unidades, insisten, "afecta a toda la provincia y no podemos plantearlo sólo como un problema basado en la elección de centro, o de enfrentamiento entre pública y concertada. La realidad es que se pierden líneas y unidades por todos los rincones y comarcas gaditanas, al darse directrices desde Consejería y el Servicio de Planificación Educativa para unir grupos de distintos niveles y edades -ya no solo en zonas rurales y de la Sierra,-, o masificar aulas en centros de Jerez o el Campo de Gibraltar, por citar algunos ejemplos".

USTEA señala que la Delegación Territorial de Cádiz aduce criterios de “rentabilidad” en la escuela pública, obviando que los verdaderos criterios deberían ser avanzar en una "educación de calidad para todos y utilizar la caída de la natalidad para una mejor atención del alumnado: reduciéndose la ratio, como ya han hecho otras muchas comunidades españolas; dedicando horas del profesorado a apoyos educativos y a la digna atención que merece el alumnado de necesidades educativas especiales, recuperándose las horas del profesorado mayor de 55 años, atención a proyectos, etc".