Cádiz sigue siendo en 2022 la provincia andaluza en la que más droga se ha incautado. Así lo pone de manifiesto la Fiscalía Antidroga de Andalucía en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE)  presentada este jueves. En concreto, Cádiz aglutina el 50% del hachís y el 78% de la cocaína total intervenida en la región, y ello pese a la notable reducción de las cantidades de hachís aprehendidas, casi la mitad que en el año 2021. Lo contrario ocurre con la cocaína, cuya incautación ha subido un 78,4%.

Esta disminución de droga incautada supone también una reducción de los procedimientos penales en la provincia de Cádiz, lo que la fiscal delegada Antidroga atribuye a "una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON Sur, que se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía, ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales", recoge el balance de la FGE, que recuerda además que "el reajuste de los efectivos del OCON Sur en las unidades especializadas EDOA se produjo paulatinamente y, a finales de año, aún no había finalizado el proceso".

El número de diligencias previas de la provincia de Cádiz ha disminuido un 21%, sin embargo, se ha doblado el número de sumarios y ha aumentado también el número de diligencias urgentes. El número de diligencias de investigación es muy alto en la Fiscalía de Algeciras, concretamente 46, 14 de ellas por delito de blanqueo. Asimismo, se han autorizado 12 entregas controladas.

El número de escritos de acusación en la provincia es de 711 en los distintos procedimientos, con el mayor incremento de carga de trabajo en la Fiscalía de Área de Jerez, que se corresponde con la alerta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado relativa al crecimiento de acciones de narcotráfico en Sanlúcar de Barrameda.

Como causas de relevancia en Cádiz, destaca un sumario de Chiclana seguido contra 50 procesados, entre ellos, uno de los líderes más conocidos de las organizaciones de narcotraficantes de la zona. También unas diligencias previas tramitadas en El Puerto de Santa María tras la intervención de 700 kilos de cocaína. En este caso, se investiga a una organización francesa cuyo enjuiciamiento se celebrará en el país galo, una vez que concluya en 2023 el traslado del procedimiento a París.

La fiscal delegada alerta también del estancamiento de algunas causas relevantes de blanqueo en El Puerto de Santa María, Barbate o Chiclana como resultado de la sobrecarga de los juzgados y de los cambios de funcionarios y jueces titulares, lo que implica que cada nuevo instructor deba conocer y estudiar causas complejas que llevan años de investigación.

Igualmente, denuncia las dilaciones y retrasos en la celebración de juicios orales, algunos pendientes desde 2011; el exceso de duración de la fase intermedia y las dificultades para el señalamiento de causas con muchos acusados y con muchos letrados con los que coordinar agendas de señalamientos de varios días.

La fiscal delegada de Huelva informa sobre el crecimiento de aprehensiones de hachís en la provincia, la segunda después de Cádiz, en cantidad incautada. Huelva, con 122 kilómetros de costa, sufre en la misma el traslado de la actividad para evitar la presión policial en el Campo de Gibraltar. Se constata en esta provincia la proliferación de organizaciones de colaboración que funcionan a modo de cooperativas ilícitas que dan cobertura a organizaciones gaditanas, contando con miembros propios que subcontratan mecánicos, pilotos, tripulaciones, collas para la descarga, encargados de guarderías, etcétera. También destaca que la represión del delito de contrabando de las embarcaciones de alta velocidad (EAV), consideradas como género prohibido desde el Real Decreto 16/2018 de 26 de octubre, requiere un urgente trabajo conjunto con Portugal, ya que las embarcaciones se desplazan a dicho país, aprovechando la frontera y teniendo en cuenta que estas embarcaciones no están prohibidas en territorio luso.

Las Fiscalías de Algeciras, Cádiz y Huelva inciden en el colapso de juzgados y fiscalías como consecuencia del incremento de operaciones policiales derivadas del Plan Carteia que se puso en marcha sin prever, en ninguna de sus fases, la necesidad de reforzar fiscalías, juzgados y tribunales, y sin tener en cuenta que el éxito de la lucha contra la droga no se agota con el aumento de detenciones e incautaciones, sino con las condenas de los autores y la recuperación de las ganancias ilegalmente obtenidas. En este momento, se dan graves retrasos en las instrucciones de las causas, especialmente notorios en casos de investigación de blanqueo, y muchas dificultades para el enjuiciamiento de la enorme cantidad de procedimientos que deben ser atendidos por el mismo número de juzgados, fiscales y tribunales.

El fiscal delegado de Málaga también recoge el incremento de las incautaciones de EAV y del tráfico de hachís en la provincia como resultado de la presión en el Campo de Gibraltar. En todo caso, Málaga además sufre la realidad de la instalación en la provincia de organizaciones extranjeras de todo tipo dedicadas tanto al narcotráfico como, en muchos casos, al blanqueo del producto de lo obtenido en estas actividades.