Cádiz| La crisis del coronavirus El Colegio de Enfermería acude al Defensor del Pueblo por la falta de material de protección adecuado

  • Cree que se están vulnerando los derechos fundamentales del personal sanitario, sus pacientes, familiares y la población andaluza en su conjunto

  • Pide que se investigue para esclarecer los motivos por los que se ha alcanzado un 28,3% de contagios de profesionales en Andalucía

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. / Juan Miguel Canterla

El Colegio de Enfermería de Cádiz, junto con el resto de colegios de Enfermería de la comunidad, han interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, denunciando la situación que atraviesan las enfermeras y enfermeros que prestan sus servicios en los centros sanitarios de la comunidad autónoma por la falta de material de protección adecuado en la lucha contra el Covid-19, lo cual pone en riesgo tanto su salud como su propia vida, así como la de sus pacientes e incluso la de sus familiares; todo ello como resultado de la falta de previsión y la improvisación del Gobierno y la Junta en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, según indican desde el Colegio de Enfermería de Cádiz.

Por tal motivo, solicitan en su escrito que "se investiguen las actuaciones, medidas adoptadas y acciones de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta y su Consejería de Salud y Familias, para esclarecer los hechos y circunstancias que han propiciado el que hayamos alcanzado en nuestra región la terrorífica cifra de un 28,3% de contagios de profesionales sanitarios respecto al total de infectados en Andalucía, muy por encima de la ya alarmante media de España del 16%, superándose exponencialmente el índice de contagios de sanitarios registrados nivel internacional (China, Italia)". Añaden que "este inasumible índice de contagios entre sanitarios ha sido vinculado por la propia Dirección del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias a la escasez de equipos de protección, y evidencia la situación a la que se están enfrentando nuestros profesionales en sus centros de trabajo ante la falta de recursos y medios materiales y humanos, situando a Andalucía con este inaceptable porcentaje, a la cabeza a nivel nacional e internacional de contagios entre nuestros profesionales".

Tal y como se recoge en la queja interpuesta, estos organismos oficiales llaman la atención del Defensor del Pueblo denunciando cómo "la administración sanitaria en Andalucía –y en España en general– envía cada día a los profesionales a luchar contra esta pandemia, sin los medios de protección adecuados, teniéndose incluso que improvisar ante la falta de batas, la confección de ellas mediante bolsas de basura. Algo inasumible e impropio de un país que siempre ha presumido de las excelencias de su sistema sanitario, y que hemos elevado tanto al consejero de Salud como al Gobierno de la nación exponiendo con firmeza el absoluto rechazo a su actuación en esta crisis sanitaria, considerando que todo esto no es producto de la casualidad, sino del desamparo, la incompetencia y el abandono en que se ha dejado a los profesionales sanitarios, quienes a pesar de haber quedado absolutamente desprotegidos, han continuado ofreciendo la mejor atención posible a los pacientes".

La queja presentada se suma así a los diversos requerimientos ya dirigidos desde el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) (corporación representante de los ocho colegios provinciales andaluces) y su Pleno de presidentes a los responsables políticos, en defensa de la seguridad y la protección de las más de 40.000 enfermeras andaluzas a las que representa. Tras las numerosas reclamaciones ante los diferentes responsables públicos tanto verbalmente y por escrito como a través de los medios de comunicación e incluso judicialmente, el CAE apela como última instancia al Defensor del Pueblo Andaluz, como garante de los derechos de la ciudadanía andaluza, por considerar que se están vulnerando los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios, sus pacientes, sus familiares y la población andaluza en su conjunto.

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