Bogaris presenta el segundo plan eólico marino de la Costa Noroeste

La lenta carrera para llevar los parques de energía eólica al mar tiene un nuevo contendiente en Cádiz. El grupo andaluz Bogaris, dedicado a la promoción inmobiliaria, al sector agroindustrial y a las renovables, ha presentado al Ministerio de Industria un plan para instalar un parque con medio centenar de aerogeneradores y una potencia de 250 MW a unos 15 kilómetros de la costa de Chipiona. El proyecto se suma al liderado por Grupo Magtel y abanderado por el alcalde chipionero, el socialista Manuel García, y convierte a la Costa Noroeste en uno de los emplazamientos más anhelados del país para la inmersión de las eólicas.

Durante este año Bogaris ha dado pasos discretos aunque relevantes en la tramitación de su iniciativa. Tal y como establece la regulación del sector formulada por el Gobierno en 2007, la empresa solicitó en enero la reserva de la zona gaditana para el estudio del recurso eólico y -si procede- su posterior explotación. Industria, en función de las peticiones recibidas, aún debe organizar el reparto de las distintas áreas eólicas marinas en las que ha quedado dividido el mapa del país. Su compromiso era iniciar las adjudicaciones antes de que finalice este año o a principios del próximo, aunque el sector se mueve en la más espesa de las burocracias.

La propuesta de Bogaris contempla una inversión de 750 millones de euros para producir cada año alrededor de 1.000 gigavatios de energía eléctrica. Entre las medidas de dinamización económica del proyecto están la cesión a los municipios afectados por el parque del 0,5% de los ingresos generados por la venta de energía; la creación de un centro de interpretación de la energía eólica; un plan turístico con visitas guiadas a la instalación, buceo deportivo y pesca submarina en los arrecifes generados en la base de los aerogeneradores; y la creación de piscifactorías cuya explotación se cederá a las cofradías pesqueras de la zona.

El plan presentado a Industria prevé la creación de 1.900 puestos de trabajos directos e indirectos durante los 24 meses de construcción e instalación del complejo off shore, 330 personas en el capítulo de empleo local. En esta fase se incluye la fabricación de los componentes de los aerogeneradores, la modificación de las terminales portuarias, la promoción e ingeniería del parque y los estudios y trabajos de investigación. Con las turbinas en marcha, la empresa estima que el parque mantendrá durante 20 años un centenar de trabajadores (directos e indirectos) en tareas de "operación y mantenimiento". Son estimaciones del proyecto, que deberán ratificarse conforme avance su desarrollo.

Bogaris, como las promotoras que han puesto Cádiz en su objetivo, defienden la elección del emplazamiento por dos condiciones: la riqueza del recurso eólico en las inmediaciones del Estrecho, y la amplia extensión de la plataforma continental en esta zona de la Península. Este factor permite que las máquinas puedan desplegarse lo suficientemente lejos de la costa como para minimizar el impacto visual -a unos 15,5 kilómetros de media- y sin que la profundidad de anclaje se sitúe más allá de los 20 metros de media. Las energéticas estiman que la explotación eólica en el mar requiere el doble de inversión que en tierra, y los costes se disparan aún más conforme los molinos se alejan de la costa.

En paralelo a la tramitación administrativa del proyecto, Bogaris ha sumado la colaboración de la Universidad de Cádiz. Varios de sus profesores y expertos estarán encargados de los estudios previos contemplados en el plan: condiciones eólicas, meteorológicas y oceánicas, estudios geotécnicos y evaluación de impacto ambiental, según detalla el proyecto de Bogaris Off Shore.

En los últimos meses la empresa también ha iniciado una ronda de contactos con los ayuntamientos de la Costa Noroeste, confirman desde los consistorios de Sanlúcar y Rota. El alcalde roteño, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), expresa su "total prudencia" sobre los proyectos de energía eólica marina en la zona "hasta que la Universidad se pronuncie sobre los posibles efectos ambientales de la instalación". Sánchez recuerda además "las reservas que se plantea un pueblo como Rota, que ya está bastante ahogado por las servidumbres militares, y que ahora podría verse afectado además por los sistemas de evacuación de la energía en la costa". En Sanlúcar, Irene García (PSOE) se enroca en la "prudencia" y reitera que no expresará su posicionamiento sobre la nueva industria hasta conocer a fondo cada proyecto.

Sólo el regidor de Chipiona, Manuel García, defiende con rotundidad los parques eólicos en su municipio. El Ayuntamiento incluso participa -con un 5% del accionariado- en la sociedad promotora del parque eólico de Magtel, denominado Las Cruces del Mar. García asegura que aún no se ha reunido con Bogaris aunque señala que está dispuesto a hacerlo: "no estoy casado con ninguna empresa, estoy casado con el municipio, y sumaré los esfuerzos del Ayuntamiento a quienes apuesten por nuestro futuro".

Fuentes de Bogaris subrayan que las eólicas marinas representan la alternativa de energía limpia "más real y eficiente que existe", y confía en que éste y otros proyectos no sean criticados desde una "óptica simplista", "desde el miedo a lo desconocido y sin mayores análisis".

La empresa, antiguo Grupo Detea, es una pujante firma dedicada a la promoción, desarrollo y gestión de proyectos en los sectores inmobiliario, de las energías renovables, el reciclado de residuos y la agroindustria. Cuenta con una plantilla de 200 personas y un volumen de negocio anual superior a los 100 millones de euros, y tiene intereses en España, Portugal, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Chile y México. El grupo también mantiene en cartera varios proyectos turísticos en Cádiz.