El Consejo de Ministros ha cesado este viernes al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, después de que el pasado martes pusiera su cargo a disposición del Gobierno, tras reabrir la Audiencia Provincial de Sevilla el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar y volver a estar imputado por su anterior cargo como secretario general de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía, según confirmaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

El Gobierno, que está en funciones, ha nombrado como sustituto el actual vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora Toro, quien asumirá las competencias del cesado presidente, tal y como establece el apartado cuarto de la Orden de 13 de julio de 1995 del Ministerio de Industria de organización y funciones de la SEPI.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Cunef y executive MBA por el Instituto de Empresa, Bartolomé Lora, nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1959, inició su carrera profesional en Bankinter y después de desempeñar puestos del área Financiera en Enfersa y Ferrovial se incorporó al antiguo INI en 1990 como técnico.

Fue nombrado subdirector en 1997, director de Planificación en 2000 y director de Participadas en 2002, incorporándose al comité de dirección de SEPI. Cuenta con una amplia experiencia en procesos de privatización, reconversión industrial y gestión de empresas en los sectores que ha participado SEPI. Ha sido consejero de Navantia, Alestis ITP y Tragsa.

Actualmente es también patrono de la Fundación SEPI, consejero de Enagás (de la que SEPI posee el 5% del capital) y vicepresidente de la Mutua Fraternidad-Muprespa.

La causa por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar en 2015 ha sido archivada en dos ocasiones y la declaración en calidad de investigado de Fernández ha sido solicitada hasta seis veces por la empresa que no resultó adjudicataria del concurso, pero siempre había sido rechazada por el Juzgado de Instrucción. De hecho, el propio Fernández había solicitado en dos ocasiones declarar voluntariamente en la causa, pero ello no fue posible porque la misma fue archivada.

Asimismo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no detectó "ninguna comuniación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una y otra empresa licitante, tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos de la Junta de Andalucía y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la investigación.