La Cámara de Cuentas de Andalucía ha advertido de que los "bajos porcentajes de rendición de las entidades locales" que viene detectando "de manera reiterada año tras año" se redujeron aún más en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2021 en lo que respecta a ayuntamientos y mancomunidades, de forma que el número de consistorios que rindieron se redujo del 34,14% de 2019 al 26,62% en 2021, mientras que el porcentaje de las mancomunidades en esa situación bajó del 19,70% que se constató en 2019 a un 7,58% en 2021. Entre las instituciones más importantes que no han realizado este trámite en cuanto a la Cuenta General de 2021, se encuentran el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz. Además, también no la han presentado consistorios de relevancia en la provincia como son los de Chiclana, El Puerto, Jerez, San Fernando y Sanlúcar. 

Así se recoge en el Informe anual sobre la rendición de cuentas del sector público andaluz correspondiente al ejercicio 2021 del que ha informado este martes la Cámara de Cuentas, que en un resumen del mismo ha explicado que, además de "analizar el grado de cumplimiento de la obligación de formular, aprobar y rendir la Cuenta General", en este trabajo "se ha puesto el foco en 118 entidades que no han rendido cuentas en los cinco últimos años", y en la entidad local autónoma (ELA) Estación de Gaucín-El Colmenar (Málaga), que, "desde su creación en 2019, no rinde cuentas".

Según ha anunciado el órgano fiscalizador, a estas entidades se les ha requerido "documentación sobre el ciclo presupuestario, la tesorería y sobre el Censo de entidades dependientes, así como un cuestionario para conocer los motivos de no rendición".

Desde la Cámara de Cuentas han detallado que el "complejo" sector público andaluz está constituido por 1.502 entes, de los que 892 son entidades locales -diputaciones, ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades- y 609 entes dependientes o instrumentales, como sociedades mercantiles, organismos autónomos, consorcios, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro y entidades públicas empresariales.

A 15 de mayo de 2023, fecha de conclusión de los trabajos, 472 entidades, un 52,86%, no habían rendido la Cuenta General de 2021, según ha advertido el órgano fiscalizador, que ha considerado "especialmente destacables los bajos índices de rendición que se registran en el tramo de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes", con 14 de ellos que no han rendido cuentas; en concreto, Utrera (Sevilla), Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Jaén y el también municipio jiennense de Linares, y las localidades malagueñas de Fuengirola, Marbella, Mijas, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Además, la Cámara de Cuentas ha detallado que, en ese mismo tramo, los ayuntamientos de Benalmádena (Málaga), Córdoba, El Ejido (Almería), Estepona (Málaga), Huelva, La Línea de la Concepción (Cádiz), Motril (Granada) y Sevilla han rendido "fuera de plazo".

Dentro de las diputaciones provinciales, tanto la de Cádiz como la de Málaga "no han rendido cuentas", y la de Córdoba lo hace "fuera de plazo", según ha advertido también la Cámara de Cuentas, que, por provincias, ha considerado "especialmente destacable" el "bajo nivel de rendición" alcanzado por las de Cádiz (24,44%), Málaga (41,75%) y Huelva (42,50%) y, "especialmente, los bajos índices de rendición de los ayuntamientos de mayor población".

El informe cifra en 136 el número de entidades locales que "no rinden" en el periodo de 2017 a 2021. De ellas, 103 eran ayuntamientos -la mayoría, un total de 76, de menos de 5.000 habitantes-; siete eran ELA y las restantes 26 eran mancomunidades.

Por otro lado, el resultado de someter las 421 cuentas rendidas al sistema de validaciones genera un total de 6.331 incidencias, de las que 5.016 corresponden a entidades principales y 1.315 a entidades dependientes.

La principal incidencia detectada en la revisión de la documentación de tesorería está motivada por la no inclusión de los certificados de todas las cuentas integradas en el acta de arqueo, algo que se detecta en el 67,14% de las entidades revisadas.

Además, la Cámara de Cuentas ha constatado también incidencias en relación con la "imposibilidad de correlacionar" las cuentas incluidas en el acta de arqueo con los certificados bancarios (18,57%), e inclusión de certificados de saldos o listados de movimientos correspondientes a cuentas de titularidad de la entidad local que no constan en el acta de arqueo, algo que afecta al 15,71% de las entidades revisadas.

Por último, el análisis de las causas de las faltas de rendición "ponen de manifiesto que se trata de problemas estructurales que se mantienen en el tiempo".

Entre las recomendaciones recogidas en el informe se destacan aquellas dirigidas a la adopción de medidas que "mejoren los bajos índices de rendición registrado durante los últimos años", como "llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, con independencia de su naturaleza, a la efectiva rendición de la Cuenta General".

Estas medidas "también habrían de referirse a la rendición por las entidades dependientes que forman parte de la Cuenta General de la entidad local", según propone la Cámara de Cuentas andaluza, que igualmente recomienda que se le habilite, "mediante las modificaciones legislativas pertinentes, para la imposición de multas coercitivas, como ocurre en otras comunidades autónomas" como Castilla y León, Asturias y Galicia, "en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas y remisión de las relaciones anuales de los contratos formalizados por las entidades locales y sus organismos autónomos y entes dependientes o de falta de colaboración en el suministro de información requerido por esta institución en su tarea fiscalizadora".

Finalmente, otra recomendación de la Cámara de Cuentas es la de "fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menos de 5.000 habitantes, por parte de las diputaciones provinciales", para lo que "deberían potenciarse y desarrollarse los procedimientos ya existentes en estas entidades supramunicipales, disponiendo de mecanismos de seguimiento y control en relación con la eficacia de la asistencia prestada".