Provincia de Cádiz

Airbus Puerto Real: Ayudas públicas y compra de aviones para salvar empleos

  • España ha comprometido 300 millones en apoyo a inversiones y la adquisición de helicópteros y aeronaves de Airbus para uso militar y policial

Felipe VI y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en la audiencia de principios de febrero. Felipe VI y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en la audiencia de principios de febrero.

Felipe VI y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en la audiencia de principios de febrero. / Efe

La crisis de la factoría de Airbus Puerto Real se ha exacerbado justo dos semanas después de que España ratificara su compromiso de apoyar al sector aeronáutico con más de 300 millones de euros a cargo principalmente de los fondos Next Generation de la UE y comprar aviones y helicópteros para el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El acuerdo era un calco del alcanzado el pasado mes de julio con la compañía y fue ratificado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, quien fue recibido a continuación en audiencia por el Rey. A cambio, la empresa señalaba que “como líder de la industria aeroespacial y de defensa de España, apoyará y habilitará las iniciativas gubernamentales diseñadas para respaldar el futuro a medio y largo plazo de la industria aeroespacial y de defensa de España que ayudará a mitigar la pérdida de empleos en la industria como consecuencia de la crisis”.

España reaccionó con cierta lentitud en comparación con Alemania y Francia a la hora de comprometer ayudas al sector aeronáutico tras el estallido de la pandemia de coronavirus. La relación con Airbus estaba tocada desde que el Gobierno de Pedro Sánchez designó a Indra como coordinador industrial en España del proyecto del nuevo caza europeo FCAS, un programa que movilizará 200.000 millones de euros a lo largo de las próximas décadas y en el que nuestro país participa de forma igualitaria junto a Alemania y Francia.

Airbus tildó la decisión de “error” al considerar que debía asumir ese rol en España por su experiencia acumulada. Finalmente, el contrato se firmó en diciembre del año pasado, consagrando a Indra como coordinador industrial y a Airbus como principal contratista en España y líder del desarrollo del nuevo avión.

El acuerdo ratificado hace dos semanas contempla el compromiso del Gobierno central a impulsar un Plan Tecnológico Aeronáutico ligado a los fondos de recuperación de la Unión Europea dotado con 185 millones de euros hasta el 2024 gestionado por la Agencia Española de Innovación (CDTI). A esta cifra se suman otros 150 millones de euros ligados a ayudas parcialmente reembolsables para “financiar el mantenimiento y el refuerzo de las actuales capacidades del sector aeronáutico y de defensa en España y preparar la próxima generación de tecnologías de energías sostenibles y cero emisiones”.

Además, España se compromete a la transformación de tres A330 en aviones de reabastecimiento en vuelo para el Ejército del Aire, operación que se realiza en Getafe, y adquirir cuatro C295, que se ensamblan en Sevilla y en el que participa el CBC de El Puerto, para Patrulla Marítima. Asimismo, los Ministerio de Defensa e Interior comprarán 36 helicópteros H135 en una primera fase de seis años, ampliable a 59 en una segunda fase para el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Interior se compromete también a adquirir cuatro helicópteros H160 en los próximos seis años para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La pandemia ha impactado con fuerza en las cuentas de Airbus, que anunció el pasado jueves la suspensión del dividendo y pérdidas por un importe de 1.133 millones de euros en 2020 por el impacto de la crisis del coronavirus. Aunque las cifras de negocio presentan fuertes caídas en comparación con el ejercicio anterior, los números rojos del año de la pandemia son un 16% inferiores a los que presentó en 2019, que ascendieron a 1.362 millones de euros, las primeras pérdidas de Airbus desde 1990, pese a que entregó la cifra récord de 863 aviones y facturó más de 70.000 millones de euros.

La causa de estas pérdidas es una provisión de 3.600 millones de euros para afrontar litigios judiciales por corrupción ante las autoridades de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. A ello se sumó otro cargo de 1.200 millones para asumir más sobrecostes del programa del avión militar A400M, que se ensambla en Sevilla.

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