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Provincia de Cádiz

El 085 deja de responder llamadas que no sean en castellano en Cádiz

  • El sindicato CGT denuncia que la empresa adjudicataria del Servicio de Emergencias del Consorcio de Bomberos pretende ahorrarse el pago del plus de idiomas a la plantilla.

  • "Aumenta el peligro en situaciones críticas al tener que derivar las llamadas a Sevilla".

Bomberos de la provincia durante una intervención.

Bomberos de la provincia durante una intervención. / Miguel Ángel González

La plantilla del Servicio de Emergencias del Consorcio de Bomberos de Cádiz (085) recibió el pasado lunes la orden de no atender las llamadas que reciban en idiomas distintos al castellano y que deben, a partir de ahora, derivar a Sevilla a través del 112.

Para el sindicato CGT, que ha denunciado esta nueva situación en un comunicado, llama la atención que se cambie el procedimiento de atención a las llamadas de emergencia después de 20 años. "Desde el 085 de Bomberos de Cádiz, siempre se han atendido todas las llamadas, pero claro, se hacía de manera gratuita. Hasta hace tres meses, la plantilla no cobraba el plus de idiomas, si bien ahora, después de una reciente sentencia judicial, todos los operadores del 085 que hablan idiomas a nivel conversación telefónica tienen derecho a un plus de 100 euros brutos".

Según el sindicato, son sólo cinco trabajadores los afectados. "Se trata pues de un burdo procedimiento en el que la empresa adjudicataria Ferrovial quiere ahorrarse una cantidad irrisoria, para lo que no duda en aumentar los riesgos en la gestión de las emergencias".

"Es incomprensible entonces que en la plica del servicio del Consorcio de Bomberos de Cádiz figure que los trabajadores deben tener conocimientos de inglés", subraya CGT. "El Consorcio de Bomberos está pagando por este servicio y la empresa adjudicataria quiere quedarse con el dinero sin prestarlo, como ya ha hecho durante veinte años". 

La sección sindical de CGT en el 085 exige al Consorcio de Bomberos que impida este abuso y defienda los intereses públicos. "Estudiaremos emprender las medidas legales que se puedan derivar de una decisión que puede suponer un delito penal, como es la denegación de auxilio", concluye el comunicado.

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