Varios dirigentes del PP no han dudado a la hora expresar su convencimiento sobre la ilegalidad de la consulta alternativa que se celebró este domingo en Cataluña. Confían en que se actúa en consecuencia ante tal proceso.

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha dicho que el proceso participativo en Cataluña se hizo "al margen de la legalidad" y, por lo tanto, el Gobierno "actuará en consecuencia". En declaraciones a los periodistas tras visitar el centro coordinador de emergencias de Castilla-La Mancha, Cospedal ha asegurado que el proceso participativo "carece de validez, no tiene fiabilidad" y el respaldo estuvo "muy por debajo" de lo que algunos pretendían.

Para la secretaria general del PP, el "simulacro" del 9-N  fue "un intento no logrado de vulneración de la soberanía nacional", porque "todos los españoles tienen derecho a decidir" sobre su presente y su futuro. "Y sobre nuestro país (...) pero hay algunos que han tratado de quitarnos este derecho a todos los españoles, aunque no lo han conseguido". Lo del domingo, para Cospedal, ha sido "un simulacro estéril, inútil y realizado al margen de la legalidad", sin ningún control como interventores o junta electoral, sin ningún procedimiento de control de emisión de opinión de un país civilizado.

"Veíamos como los propios partidos independentistas que han promovido este proceso presidían las mesas, que no hay control ninguno, que las mesas pueden estar abiertas hasta quince días", ha agregado. Por eso, ha dicho, "cualquier valoración acerca de datos o cuestiones semejantes carece de toda validez porque no tiene ninguna fiabilidad".

Por otro lado, el vicesecretario general de Estudios y Programas y eurodiputado del PP, Esteban González Pons, ha dicho que espera que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, reciba una carta del fiscal porque ha asegurado que cometió un delito al utilizar fondos públicos para una manifestación política. En declaraciones a TVE, González Pons ha señalado que mientras que Mas "va a tener muchas posibilidades de salirse de rositas con sus excusas políticas, funcionarios y directores de colegios van a tener que pagar" y responder ante la justicia por las órdenes recibidas.

A la pregunta sobre si Mas enviará una carta al presidente del Gobierno para negociar, González Pons ha dicho que espera que haya un "cruce de cartas" en  la Generalitat, porque cree que la fiscalía tiene que perseguir a quienes ha cometido el delito de utilizar recursos públicos para una manifestación política.

En opinión de González Pons, el fiscal al primero que tiene que llamar es a Mas para que éste de explicaciones sobre el "uso de datos personales, de recursos públicos y de material que no debe ser politizado para una manifestación de una sintonía política determinada", porque lo que "ayer se manifestaron fue una serie de partidos políticos con un punto de vista político particular". González Pons considera que Mas se ha saltado la ley y lo que debe esperar es que ésta se le aplique como a todos los españoles porque todos son "iguales ante la ley": "Si cualquiera de nosotros nos saltáramos la ley y saliéramos en la tele diciendo que soy el responsable, el fiscal nos llamaría", ha matizado.

El vicesecretario popular ha precisado que en Cataluña "no hay un problema político, sino económico", porque "de lo que se está desangrando Cataluña es de economía, no de política", por lo que espera que "pasada la fiebre del referéndum, Mas pueda atender a la verdadera infección que es económica" que "no sólo puede llevar a la Generalitat a una situación de quiebra" sino también al resto de España.

González Pons, que ha dicho que tal y como se ha planteado el problema de Cataluña para Rajoy "ha sido un verdadero problema esta legislatura", ha subrayado que han tenido "al hombre correcto en el momento correcto" y "con el carácter adecuado para un problema tan difícil como éste", ya que ha logrado "desactivar la bomba política que había puesto Mas y ayer no se celebró un referéndum ilegal".