La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) evidenció ayer su división ante la presentación de una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una junta extraordinaria forzada por un grupo de fiscales reticentes a la misma, que concluyó sin acuerdo.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, la reunión, que duró más de dos horas, se celebró ayer en la sede de la Fiscalía Superior, a iniciativa de los fiscales que plantean dudas sobre la base jurídica para presentar la querella contra Mas por las posibles responsabilidades penales derivadas de la celebración del proceso participativo del 9-N.

Los fiscales reticentes lograron las firmas necesarias para forzar la convocatoria de la reunión extraordinaria -que requiere como mínimo un tercio de los nueve integrantes- y consiguieron convocar la junta, un mecanismo previsto para que los integrantes del ministerio público debatan aspectos de especial trascendencia y fijen posturas en común.

La junta, convocada de forma urgente, finalizó sin acuerdo y sin que se llegara a votar si hay base jurídica para acusar a Mas y otros miembros del gobierno catalán por la convocatoria del 9-N, según las fuentes consultadas por Efe.

La Fiscalía General del Estado envió hace unos días un borrador a la Fiscalía Superior de Cataluña en la que proponía acusar a Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, la consellera de Educación, Irene Rigau, y el de Interior, Ramon Espadaler, por los delitos de prevaricación y desobediencia, entre otros.

Una de las principales discrepancias de los fiscales reticentes es si una acusación contra Mas se sustentaría jurídicamente, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió los preparativos del 9N alternativo, pero no advirtió de las responsabilidades que se derivarían de hacer caso omiso de esa orden.

Por el contrario, los que defienden indicios de un posible delito de desobediencia aducen que la resolución del TC que suspendió las actuaciones de preparación de la consulta ya es suficiente.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recordó ayer que el proceso participativo del 9-N ya se encuentra judicializado desde antes del domingo, con la querella interpuesta por Manos Limpias ante el TSJC antes del 9-N y por diferentes fuerzas políticas el mismo domingo. Asimismo, interpelado por los periodistas sobre la querella anunciada de la fiscalía contra Mas, Torres-Dulce insistió una vez más en que es la Fiscalía Superior de Cataluña la que debe valorar si actúa o no contra el president. "No es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto, que ya está incluso antes del 9-N en manos del TSJC, y nosotros tenemos que dictaminar si debemos interponer una querella y si lo entendemos procedente. Lo haremos cuando dispongamos de los elementos para plantear la querella", aseveró en un desayuno informativo en Burgos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó por su parte que el Ejecutivo respetará la actuación de la Fiscalía en relación con el 9-N. "Como Gobierno respetaremos la actuación de la Fiscalía, que es autónoma", recalcó la número dos del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.