El Puerto, farolillo rojo de todo el país en la tramitación de una ZBE

Han pasado casi tres años desde que, el 1 de enero de 2023, entrase en vigor la norma que obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en virtud de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El Ayuntamiento de El Puerto aún no ha comenzado la tramitación de esta ZBE, que se acaba de implantar o está a punto de hacerlo en otros municipios de la provincia como Cádiz, Chiclana o Jerez.

Si bien es cierto que el proceso de implantación es complicado y que la mayoría de los municipios arrastran retrasos considerables en su puesta en marcha, en el caso de El Puerto la dilación es sangrante, ya que en estos casi tres años no se ha hecho absolutamente nada para su tramitación, a excepción de haberse aprobado, el pasado verano, el Plan de Movilidad en el que se recuerda la importancia de la ZBE y se alude a los pasos que deberá dar el Ayuntamiento para su tramitación, proponiendo un listado de áreas que se recomienda incluir en la futura zona restringida.

A finales del pasado año el Defensor del Pueblo tuvo que dar un tirón de orejas al Ayuntamiento ante la pasividad en la tramitación de esta figura, junto a otros dos municipios españoles, Arona (Tenerife) y Murcia. Estos dos últimos municipios ya estarían tramitando sus respectivas ZBE, según la información publicada al respecto, por lo que El Puerto sería el municipio más retrasado de España en su tramitación.

El Plan de Movilidad Sostenible del Municipio habla de la importancia de contar con una ZBE pero en este caso el documento solo se encarga de establecer las bases para un trabajo que debe desarrollar el Ayuntamiento, con la redacción de una ordenanza regulatoria en la que se tendrán que delimitar las áreas urbanas donde se aplicarán las restricciones a la circulación de vehículos; los días y horarios de la restricción; las autorizaciones y exenciones; el sistema de control de cumplimiento y sus efectos en la calidad del aire; o el régimen sancionador, entre otros aspectos.

La realidad es que queda mucho trabajo por hacer, ya que según recoge el propio Plan de Movilidad “con carácter previo al establecimiento de una ZBE se deberá elaborar un proyecto que deberá incluir el contenido mínimo; se deberá informar a la Dirección General de Tráfico y a las autoridades autonómicas competentes sobre la información relativa al contorno de las ZBE, así como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También se deberá informar sobre los sistemas de control de accesos, circulación y estacionamiento en la ZBE, especificando las diferentes herramientas que se emplearán para reducir la circulación de los vehículos dentro del área que se determine.

El Plan de Movilidad propone como delimitación tentativa de la ZBE para el horizonte 2030 el área del casco antiguo del municipio, conformada por los siguientes ejes viales: avenida de Sanlúcar; avenida de Fuentebravía; calle Valdés; calle Aurora; avenida Micaela Aramburu; Ribera del Marisco; Ribera del Río; antigua Nacional IV; avenida Fray Bernal Boyl; y calle Toneleros. Más adelante se propone delimitar paulatinamente la ZBE en función de los proyectos de peatonalización que se vayan desarrollando en los próximos años. “Dentro de este horizonte a corto plazo, las primeras zonas en las que se limitará el acceso a los vehículos serán el entorno de la Plaza de España; el entorno de la Plaza Alfonso X El Sabio; el entorno de la plaza Isaac Peral; el entorno de la plaza de la Herrería y el entorno de la plaza del Polvorista", algunas de ellas ya peatonales.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del Ayuntamiento para solicitar información sobre este plan, pero no ha obtenido respuesta alguna.

Beardo es un negacionista ambiental y puede haber responsabilidades penales" — Juan Clavero - Portavoz de Ecologistas en Acción

Uno de los colectivos que más de cerca ha seguido este asunto es Ecologistas en Acción, que lamenta que no solo esta, sino otras normas ambientales de obligado cumplimiento, como el plan local contra el cambio climático o la recogida selectiva de materia orgánica tampoco se están cumpliendo. “Beardo -que ahora lleva el área de Medio Ambiente- es un negacionista ambiental”, advierte el portavoz de la entidad ecologista, Juan Clavero, y añade que el incumplimiento consciente de estas normas puede conllevar incluso consecuencias penales, por prevaricación por omisión. De hecho, los ecologistas se plantean llevar este asunto a los juzgados, ya que entre otras cosas la ciudad está perdiendo numerosas subvenciones estatales y autonómicas por no hacer los deberes en materia medioambiental.