Un particular acude a la Fiscalía por la ausencia de control de los ruidos en El Puerto

Un ciudadano que hasta hace escasas fechas ha residido en El Puerto ha acudido a la Fiscalía para presentar una denuncia contra varias administraciones públicas y negocios privados para denunciar la inacción que considera que existe en la ciudad ante los incumplimientos de la normativa sobre el ruido.

Este mismo vecino ya denunció hace unos meses este problema del exceso de ruido ante la Delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía, aunque sin éxito.

El documento presentado la pasada semana ante la Fiscalía recoge que "en el marco de las denuncias y requerimientos documentales presentados desde 2024, relativos a las irregularidades urbanísticas, medioambientales y acústicas derivadas de las actividades de ocio en el entorno de Puerto Sherry, se ha constatado una inacción reiterada y aparentemente coordinada entre distintos organismos públicos. Los hechos documentados evidencian la ausencia de actuación efectiva por parte de un conjunto de seis organismos competentes, que son la Policía Local de El Puerto de Santa María; el área municipal de Medio Ambiente; el área municipal de Urbanismo; la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía; la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta; y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz".

Según la denuncia "pese a disponer todos ellos de competencia directa y conocimiento expreso de los hechos, han omitido adoptar medidas sancionadoras, preventivas o de control efectivo, permitiendo la continuidad de las actividades irregulares pese a su notoriedad pública y al impacto medioambiental y vecinal causado. Ello genera la apariencia de un bloqueo institucional concertado o tolerado, contrario a los principios de legalidad, eficacia y tutela del interés general que deben regir la actuación de las administraciones públicas".

Este ciudadano pide en su escrito "que la Fiscalía de Cádiz inicie diligencias de investigación penal por presunta inacción administrativa coordinada, examinando la posible connivencia, omisión del deber de perseguir infracciones y el encubrimiento indirecto de actuaciones ilícitas relacionadas con el entorno de Puerto Sherry".

En otro de los escritos presentados se solicita expresamente "que la Fiscalía actúe de oficio con carácter inmediato, requiriendo la colaboración de la Policía Nacional o la Guardia Civil para la obtención y cesión de las actuaciones e informes existentes sobre las actividades empresariales" en el entorno de Puerto Sherry, en referencia a los chiringuitos estivales.

Sobre estos establecimientos (Margarita, Phi-Phi, Playa Canalla y Blu) el denunciante afirma que "se observa un desvío de finalidad administrativa, consistente en obtener licencias bajo la categoría de establecimiento de hostelería sin música para desarrollar en realidad actividades recreativas masivas con amplificación sonora y uso intensivo del dominio público portuario, en evidente contradicción con el marco autorizado", por lo que pide "que la Fiscalía de Cádiz inicie actuaciones penales contra los responsables directos de los locales citados, por posibles delitos de fraude, falsedad, contaminación acústica y alteración del dominio público".