Aunque la celebración del Pleno Ordinario de este viernes arrojó momentos destacables, como la retirada de la palabra al concejal José Antono Gomila (Vox) cuando intervenía en uno de los puntos del orden del día, las medidas más controvertidas se tomaron por el gobierno local durante las Juntas Generales de las empresas municipales, en las que con el voto en contra de la oposición (PSOE, Vox, Unión Portuense y Grupo Mixto), el PP sacó adelante todos sus propuestas, pese a las protestas de dicha oposición.

Lo más importante a nivel político, y tuvo las mayores críticas, fue la modificación de los estatutos de dichas empresas municipales, con una consecuencia inédita: la desaparición de representantes nombrados por la oposición en los consejos de administración de El Puerto Global, Suvipuerto e Impulsa. Este drástico cambio en los órganos gestores de estas empresas públicas, fueron justificados por el alcalde, Germán Beardo, que manifestó que con ellos "se quiere evitar que los consejos se conviertan en meros parlamentos", para que se pueda dar una gestión más profesional, "incorporando personas de la sociedad civil para sumar valor a las empresas". Además, defendió que la oposición seguirá controlando las empresas municipales en la junta genera (el pleno de la Corporación).

Una de las empresas por la que mostró más preocupada la oposición tras estos cambios fue Suvipuerto, cuyo nuevo consejo fue calificado de modo irónico por Javier Botella como "transversal", ya que incorpora nombres como Antonio Jesús Ruiz Aguilar (que ya estuvo al frente de la sociedad con el Partido Andalucista); Juan Carlos Sanz (ex portavoz de Vox), o Rosa María Leveque (que fue cargo de confianza de Ciudadanos). De esta forma, se aprobó el nombramiento de los nueve consejeros de la empresa de Suelo y Vivienda, que estará presidido por la concejala Leonor Caballero y como vicepresidenta por Carmen Lara.

Algunos de los consejeros de las empresas municipales nombrados por el nuevo Ayuntamiento.

Se aprobaron igualmente los seis nuevos consejeros de Impulsa El Puerto (que podría transformarse en una empresa de carácter energético) y el mismo número de consejeros en El Puerto Global (que tenía nueve), y donde Germán Beardo manifestó que se incorporan dos personas "con experiencias en implantar sistemas tecnológicos", ya que uno de los objetivos de la sociedad es promover la administración electrónica. La presidenta del consejo será la concejala Marta Rodríguez y la vicepresidencia la tendrá el edil popular Jesus Garay. Con respecto a Impulsa, será presidente del consejo de administración Carmelo Navarro y vicepresidente Javier Bello. Una vez constituidas los consejos de administración estos deberán elegir sus respectivos consejeros delegados, una figura que recupera el PP en este nuevo mandato y que tendrá en los tres casos una remuneración de 14.400 euros al año.

Precisamente, otro de los cambios en los estatutos de las empresas municipales son las retribuciones, ya que los consejeros cobrarán 100 euros por cada uno de los consejos a los que asistan, al parecer con un máximo de 12 al año, donde las reuniones se podrán hacer de manera telemática. Con las modificaciones estatutarias, según Javier Bello, los consejos de admnistración "se profesionalizan con perfiles independientes. Pasamos de tener comisarios politicos a profesionales cualificados", aseguró el portavoz del gobierno local.

Sin embargo, la oposición rechazó de plano desaparecer de los consejos, ya que según señaló José Luis Bueno (IU), "tenemos derecho a fiscalizar lo que pasa en ellos; la medida está orientada a que no veamos las meteduras de pata del PP. No son consejos equilibrados ni representantivos y además aumentará el coste en un total de 273.000 euros durante estos cuatro años". José Luis Bueno acusó a Beardo de "reagrupar a la derecha con el dinero municipal". 

Botella por su parte acusó al PP de aprobar "medidas de opacidad pura y dura", mientras José Antonio Gomila (Vox), defendió que "no debe haber despilfarro, pero con estas nuevas medidas incrementamos el gasto en políticos". El portavoz de dicha formación, Fito Carreto, mostró su preocupación por Suvipuerto, y abogó por el buen fin de esta empresa, "que crea viviendas sociales para los trabajadores y los jóvenes".

La nueva concejala Mónica Jiménez, durante su toma de posesión.

Las criticas más duras partieron de los socialista, cuyo portavoz Ángel Mª. González lamentó que a pesar de que el PSOE "tiene el 20% de peso en la Corporación Municipal", y de ser el principal partido de la oposición, con 5 concejales, "no formaremos parte de los Consejos de Administración de las Empresas Municipales, donde tan solo estará representado el PP, formación que ha eliminado de un plumazo la participación de los grupos políticos".

El portavoz socialista señaló que "esta decisión denota el interés que tiene el PP en ocultar y que nadie conozca lo que ocurre en Suvipuerto, Impulsa y El Puerto Global”, y añade que “aun teniendo mayoría, ética y aritméticamente esta actitud es incomprensible y no se sostiene de ninguna manera”.

Los socialistas tildaron de dictatorial la actitud del alcalde Germán Beardo, "cercenando el legítimo derecho de los partidos de la oposición y la ciudadanía de conocer lo que ocurre en las empresas municipales.Esta decisión denota el interés del PP en que nadie sepa qué ocurre en ellas”, remarcó.

El Grupo Socialista, como toda la oposición, votó en contra de las propuestas elevadas a las junta generales al entender que "no se está respetando lo votado por el electorado".

Y lamentan que “no solo han excluido a la oposición, si no que además han puesto a sus políticos sueldos y dietas por asistir a los consejos, recuperando la figura del consejero-delegado. Restauran los tiempos de Enrique Moresco y Antonio Jesús Ruiz, ya olvidados en El Puerto".

Al concluir las juntas generales, y tras salir del salón los nuevos consejeros nombrados que habían estado presentes en ellas, se celebró el Pleno Ordinario, que comenzó con la toma de posesión como concejala de Mónica Jiménez Álvarez que sustituirá a David de la Encina, que prometió el cargo y a quien le imposo la medalla el alcalde Germán Beardo,

Durante el pleno hubo unanimidad al votar algunos puntos del orden del día. Uno de los que suscitó mayor debate fue una moción de Unión Portuense instando al gobierno local a realizar una modificación presupuestaria para recuperar en Bienestar Social "una cantidad equivalente a la recortada en el presupuesto, para afrontar con garantías las demandas y los servicios a la ciudadanía más vulnerable". Durante el debate de la moción, Javier Bello, que había ocupado de manera provisional el escaño del alcalde por haberse ausentado Beardo, quitó la palabra al concejal de Vox José Antonio Gomila, al entender que su intervención, donde criticaba el aumento de gastos para gestión política, no venía al caso al hablar de presupuestos para Bienestar Social.

La oposición censuró la actitud de Javier Bello, que Javier Botella calificó de "dictatorial y fuera de lugar", ya que Gomila estaba siendo respetuoso y su dialéctica para la crítica parecía apropiada. Vox manifestó que estaba "en contra de la actitud antidemocrática" de Bello al quitarle la palabra, a la vez que, ya con más claridad, pidió "menos gastos en políticos y asesores y más gastos en Bienestar Social".