Familias del colegio portuense La Florida reclaman la contratación urgente de monitores de apoyo

Familias del colegio público La Florida, un centro ubicado en una zona de transformación social de El Puerto, denuncian que sus hijos se encuentran desprotegidos por parte de la Consejería de Desarrollo Educativa y Formacion Profesion al de la Junta de Andalucía, en especial los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas (NEAE).

El centro cuenta con un Aula Especifica plurideficiente formada por cinco alumnos con diversidad funcional, que tienen un dictamen de escolarización por el cuál deben estar acompañados en todo momento por un personal técnico de integración social (PTIS).

Fuera del aula especifica, el centro de Infantil y Primaria tiene matriculados a otros once alumnos con dictamen de escolarización que, aún sin estar en el aula especifica, necesitan y tienen concedido un PTIS por la Consejería de Educación.

Hasta el pasado 16 de octubre la Junta de Andalucía cubría el servicio con una PTIS con un contrato en prácticas (un recurso que era insuficiente dada las características del alumnado del centro) y a la que por motivos diversos,se le ha rescindido el contrato, "por lo que los alumnos se encuentran ahora totalmente desprotegidos y no se están cumpliendo los derechos que les pertenecen y que tienen ya concedidos, poniendo en riesgo su seguridad", denuncian.

"Las familias de los alumnos estamos muy asustadas llevando a nuestros hijos al colegio, puesto que no están siendo atendidos por personal especializado, además de tener que estar acudiendo al centro para cambiarles el pañal y saber que se están suprimiendo actividades con los menores por no contar el centro con personal cualificado profesionalmente para atenderlos. No queremos lamentar lo que podría ser evitable, creemos que la administración competente debe tomar medidas con urgencia antes que pase una desgracia, tenemos miedo", aseguran.

El problema de seguridad se agrava en el servicio de comedor, ya que no se están teniendo en consideración las características del alumnado del centro, ni a los alumnos con diversidad funcional que hacen uso del servicio y que necesitan la supervisión continua y directa de un PTIS.

"Los alumnos están expuestos a muchos riesgos que las familias no estamos dispuestas a seguir sufriendo, como el riesgo de atragantamiento, caídas, lesiones, incluso hay estudiantes que se han escapado del colegio, puesto que no están siendo atendidos adecuadamente", explican, y añaden que "no queremos esperar a que la administración tome medidas una vez se haya producido algún accidente grave. Las medidas hay que tomarlas inmediatamente, no estamos dispuestos a tener que lamentar daños graves de los alumnos", insisten.

Las familias cuentan con el apoyo del colegio en sus reivindicaciones, pero desde la administración educativa ya se les ha pedido tiempo para solucionar el problema, ya que cualquier contratación de personal lleva tiempo, "entre un mes y medio y dos meses", les han dicho, un plazo que les parece excesivo para una necesidad urgente como esta.