El Puerto

Cuando un error beneficia al infractor

  • El Área de Urbanismo se ve obligado a revocar varios expedientes sancionadores a viviendas ilegales porque se notificaron a los promotores tras venderlas

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En ocasiones, un error burocrático propicia que una ilegalidad pueda salir indemne. Así, el Área de Urbanismo continúa detectando "numerosos" expedientes disciplinarios a viviendas ilegales abiertos durante el gobierno de IP que tendrán que anularse porque se notificaron a los promotores de las obras pero estos, en el momento de iniciarse el procedimiento sancionador, ya no eran los propietarios de los inmuebles ya que los habían vendido a terceros. Y se da la circunstancia que sobre estos últimos no se podrán ejecutar acciones disciplinarias ahora porque la infracción ya ha prescrito.

En la sesión del Pleno Municipal que se celebrará esta mañana se abordarán dos de estos casos. El primero se remonta a 2006, año en el que Juan Carlos Rodríguez era concejal de Urbanismo. El ex edil instó mediante decreto a un promotor a que legalizara seis viviendas construidas en el Pago Serrano-Las Veguetas. Con posterioridad, se le impuso hasta cuatro multas coercitivas (las dos últimas en 2008 y 2009 con PP y PA ya gobernando en el Ayuntamiento) por no haber procedido a la regularización. Sin embargo, en 2010 el Pleno aprobó revisar de oficio esta licencia al considerar que se había dado la orden a una persona que ya no era propietaria de las viviendas (las había vendido entre 2001 y 2002 a terceros). Tal y como establece el procedimiento administrativo, para revisar el expediente se tuvo que recabar la opinión del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano que emitió su dictamen el pasado mes de mayo y en el que corrobora que la orden no se hizo a la persona indicada.

Lo mismo ocurre con el otro expediente que se aborda en la sesión de hoy como es uno relacionado con tres viviendas en Los Perales. En esta ocasión, se dio la circunstancia de que no eran decretos de legalización sino de demolición. Incluso, se le impusieron dos multas coercitivas en 2008 y 2009. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo de Cádiz dictó una sentencia en marzo de 2010 en la que dejaba sin efecto la sanción al advertir que el denunciado ya no era propietario de la vivienda. Asimismo sostenía el fallo que hay jurisprudencia que avala que sobre el adquirente del inmueble recae cualquier tipo de expediente disciplinario, haya ejecutado o no las obras. En esta misma línea también se pronunció el Consejo Consultivo de Andalucía.

Ya en 2011 ocurrió algo similar con un expediente abierto a cuatro viviendas en el diseminado de La Imbrusqueta.

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