El ex jefe de la Policía Local de El Puerto pide que se cite a Germán Beardo en el Juzgado

Continúan adelante las diligencias previas tras la investigación llevada a cabo el pasado mes de enero por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en El Puerto de Santa María, por la que fueron detenidos el que fuera jefe provisional de la Policía Local en la ciudad, Rafael Muñoz Leonisio -ya jubilado- y al técnico del área municipal de Infraestructuras José Manuel Camacho. Rafael Muñoz Leonisio José Manuel Camacho

El pasado mes de abril ya fueron citados a declarar como testigos ante el juzgado varios concejales del equipo de gobierno, como los ediles de Policía Local, Jesús Garay, y de Bienestar Social, María del Carmen Lara, a causa, entre otras cosas, de las presuntas irregularidades detectadas en la concesión de aparcamientos en la Feria de Primavera y otros eventos.

La defensa de Rafael Muñoz se ha dirigido al juez para pedir que se cite ahora al alcalde portuense, Germán Beardo, “a la vista de las contradicciones en las declaraciones de distintos miembros del Ayuntamiento respecto a las competencias de cada Concejalía en materia de concesión de uso de terrenos públicos”. Esta petición se realiza por ser Beardo “el primer responsable de la Corporación, respecto a cualquier ámbito de la misma, así como en la delegación de funciones”.

El Juzgado ha ordenado abrir piezas separadas para el trámite de cada uno de los hechos a investigar. Estas piezas se dividen en una primera de intervenciones telefónicas, otra sobre la incautación de los ordenadores y móviles de los dos principales investigados; una tercera sobre el cobro de presuntas comisiones por la adjudicación de parkings; una cuarta sobre la adjudicación del trenecito a Puerto Sherry; la quinta sobre la retirada de multas y la sexta sobre el uso presuntamente irregular de la grúa municipal.

Al ex jefe policial se le acusa de los presuntos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias, mientras que el técnico municipal está siendo investigado como cooperador necesario de delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Algunos grupos de la oposición municipal ya se han personado en la causa, sobre la que el equipo de gobierno rechazó crear una comisión municipal de investigación.