Los grupos municipales de PSOE, Unión Portuense e Izquierda Unida han registrado una moción conjunta que se debatirá el próximo pleno ordinario del mes de febrero, en la que solicitan al gobierno del PP abordar e investigar los presuntos casos de corrupción que han salpicado al Ayuntamiento de El Puerto.

El pasado 16 de enero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una investigación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, detuvo  al que fuera jefe accidental de la Policía Local en la ciudad, Rafael Muñoz Leonisio, y al funcionario municipal  José Manuel Camacho, técnico del área de Infraestructuras. Al primero de ellos se le acusa de presuntos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias, mientras que el técnico municipal está siendo investigado como cooperador necesario de delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los grupos de la oposición, a excepción de Vox, esperan "que el Partido Popular y el alcalde, Germán Beardo, apoyen la propuesta de instar al equipo de gobierno a la apertura de un expediente disciplinario a José Manuel Camacho, acordando la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones; la creación de una Comisión de Investigación con el objetivo de esclarecer objetivamente los hechos desde un punto de vista político y  tramitar la personación del Ayuntamiento en la causa.

El portavoz del PSOE, Ángel González, cree que "necesitamos transparencia y hay que dar ejemplo apoyando la comisión de investigación de lo contrario serán cómplices de estos presuntos delitos".

Por su parte el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, señala que "esta iniciativa debería haber surgido del propio gobierno el mismo día que se hicieron públicos los hechos, pero tanto el silencio como la inacción de Beardo reflejan otro tipo de preocupación”.

Por último el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, añade que "se trata de una cuestión muy grave y es necesario que el gobierno tome todas las medidas necesarias para que se puedan esclarecer estos hechos y dar ejemplo a la ciudadanía de que no se puede tolerar este tipo de conductas en el Ayuntamiento”

Los grupos firmantes de esta moción entienden que "nos encontramos ante un hecho grave, que afecta negativamente a la imagen pública del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y a la confianza que la ciudadanía debe tener en él. Por ello creemos necesario que, independientemente de la investigación en sede judicial, la administración local debe tomar medidas, en base a la legislación vigente, para velar por el buen funcionamiento de la propia administración".