El anterior Gobierno municipal realizó regularizaciones de viviendas ilegales hasta el final de su mandato. Incluso las hizo estando en funciones, el periodo comprendido entre la celebración de las elecciones y la toma de posesión de la Corporación surgida de esa votación.

Y como muestra de ello, es un decreto de legalización al que ha tenido acceso este periódico firmado por el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez el 7 de junio de 2007, siete días antes de que cesara de su cargo (las elecciones se celebraron el 27 de mayo y el Gobierno actual tomó posesión el 15 de junio).

Éste es uno más, el enésimo (porque no hay una cifra oficial), de los distintos decretos que firmó Rodríguez en beneficio de viviendas al margen del planeamiento cuya legalidad es discutible.

Y el procedimiento seguido es, precisamente, el mismo que ya este periódico ha venido denunciando desde hace meses y en él vuelven a aparecer nombres de arquitectos ya relacionados con procedimientos similares.

Este caso concreto es el de una vivienda en el diseminado ilegal de Los Perales, concretamente en la calle Peral Ercolini. El proyecto fue elaborado por el grupo Tec, perteneciente a las arquitectas Milagros Trigo Pacheco e Isabel Ruiz Vázquez, con el que el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell, mantiene vinculaciones personales (es el compañero sentimental de una de las profesionales).

El propietario de la vivienda solicitó la apertura del expediente de legalización el 25 de septiembre de 2005. Pero le fue resuelto, de manera positiva, casi dos años después. Para justificarlo, el ex edil de Urbanismo recurrió a un artículo de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) que obliga a las administraciones públicas a pronunciarse sobre la concesión de una licencia o no en el plazo de tres meses.

Transcurrido este periodo, si el organismo competente no ha resuelto la autorización se considera concedida por silencio administrativo.

En este caso concreto, y al igual que otros similares, se otorgó legalizaciones de viviendas en suelo no urbanizable mediante este procedimiento. Para ello, el edil de Urbanismo le remitió al propietario un escrito donde le daba confirmación de ello.

Este nuevo decreto de legalización ha sido incorporado a las diligencias abiertas en el Juzgado número 5 de El Puerto contra el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística y contra las dos responsables del grupo Tec tras una denuncia por el propietario de una vivienda del diseminado de Arenas Cárdenas, quien acusa a los tres de un presunto delito de estafa.

Según la versión del denunciante, el estudio Tec le aseguró que podría obtener la legalización de su vivienda mediante silencio administrativo. No obstante, estas diligencias han sido archivadas provisionalmente por la jueza aunque el auto ha sido recurrido por el denunciante.

Ya este periódico ha publicado durante el último año varios casos de legalización de viviendas en suelo no urbanizable. A esto se suma los decretos de autorización del enganche de luz y agua concedidos por "causas humanitarias" y en base a una futura legalización con el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento que aún no ha se ha aprobado de manera definitiva.

Ya hay algunas diligencias abiertas en los juzgados portuenses contra los anteriores responsables municipales por este motivo (no sólo contra Rodríguez sino también contra Hernán Díaz y Fernando Gago).