Ayuntamiento

Guerra abierta del equipo de Gobierno contra la Intervención municipal

  • La concejala de Personal achaca a la falta de criterios de fiscalización  la actual situación de atasco de los recursos humanos municipales

  • El gobierno local ha elevado una queja contra la interventora a la Dirección General de la Función Pública de Andalucía

Una imagen de la concentración protagonizada este lunes por los sindicatos ante el Ayuntamiento. Una imagen de la concentración protagonizada este lunes por los sindicatos ante el Ayuntamiento.

Una imagen de la concentración protagonizada este lunes por los sindicatos ante el Ayuntamiento. / D.C.

Nuevo episodio en la guerra abierta que mantiene el equipo de Gobierno contra la interventora municipal.

La concejala de Personal, Marina Peris, ha salido al paso de la concentración celebrada este lunes a las puertas del Ayuntamiento, convocada por las centrales sindicales. Peris explica que "el equipo de Gobierno, en poco más de un año, ha ido conociendo la situación en la que se encuentran los recursos humanos municipales, observando que incluso los asuntos negociados con la representación sindical no están ejecutados, caso de la modificación de la RPT, la subida del 2%, la provisión de destinos o las horas extras, por citar algunos ejemplos de una larga lista de cuestiones que en algunos casos llevan más de tres años sobre una mesa".

Para la concejala popular "hay un denominador común en todo lo que reivindican las secciones sindicales del Ayuntamiento  (CCOO, CSIF, UPBLA, STMA y UGT), que es la Intervención General".

La edil recuerda que "el anterior Gobierno propuso a la administración autonómica que se le abriera expediente disciplinario a la señora interventora, así como las denuncias cruzadas entre ella y el anterior alcalde, lo que indica que no existe una relación normal entre las funciones de Intervención y fiscalización y las funciones de gobierno o gestión de lo público".

Según Peris, "esta situación la conocen perfectamente los miembros de la Junta de Personal, que reconocen públicamente que no tienen interlocución con la Intervención General, así como todos los Jefes de Servicio de este Ayuntamiento que padecen a diario la disparidad de criterios con los que la Intervención General gestiona cada expediente".

Marina Peris destaca que dicha información "también le consta al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de Cádiz, que tienen sobrado conocimiento de los distintos incidentes del anterior gobierno y del actual con la Intervención General". Hay que recordar que hace unos meses, tras otro ataque a la interventora, en este caso por parte del concejal de Economía y Hacienda, Javier Bello, Cosital salió en defensa de la interventora, pidiendo al Ayuntamiento que la dejara hacer su trabajo.

Peris Sayabera constata que "los indicios que se conocían cuando estábamos en la oposición son ciertos y suponen un freno importante no sólo a la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento sino a toda la ciudadanía en general, ya que la no existencia de criterios reglados para la fiscalización se está convirtiendo en un importante obstáculo para garantizar una eficaz gestión de lo público. Este gobierno, a diferencia del anterior, que formuló días antes de la finalización de su mandato la denuncia, ya ha presentado una nueva en la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma reiterando la problemática y ha solicitado de manera reiterada la fiscalización previa limitada, sin haber obtenido ningún avance en este sentido".

1.700 reparos tan solo en el año 2019

La edil anuncia además que el Ayuntamiento de El Puerto en los últimos ejercicios económicos no superaba los 30 reparos anuales, sin embargo, en el año 2019 se han registrado más de 1.700.

El reparo es una diligencia que los órganos de Intervención tienen para indicar que un expediente de gasto no se ha ejecutado correctamente. Cuando esto ocurre el servicio que ha gestionado el expediente puede emitir un informe de discrepancia y bien sea el alcalde o bien sea el Pleno, a la vista de los dos informes, puede levantar o no el reparo interpuesto por la Intervención General.

Marina Peris reitera que "sólo en el pasado año se computaron más de 1.700 informes de reparo que cuentan con los oportunos informes de discrepancia, un dato que ilustra perfectamente y que es claro indicativo de la importante paralización que supone que la Intervención General del Ayuntamiento esté dedicada a reparar, sin atender a los reiterados requerimientos de Alcaldía para la implantación de procedimientos reglados de fiscalización, que eviten los criterios subjetivos que hasta ahora viene aplicando la Intervención General, sin que los distintos servicios municipales puedan conocer unas reglas claras de actuación".

Por último, la teniente de alcalde de Personal asegura que coincide "plenamente con las reivindicaciones de las secciones sindicales del Ayuntamiento, aún sabiendo que dichas secciones sindicales conocen esta situación desde hace más de tres años sin que se les conozca ninguna otra acción hasta que hoy han decidido concentrarse en la puerta del Ayuntamiento. Así que desde el equipo de Gobierno se les apoya incondicionalmente en todas y cada una de sus peticiones", concluye.

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