Un decreto emitido por el Equipo de Gobierno el 20 de febrero pasado ha causado cierta perplejidad en los ciudadanos que lo han conocido. En base a dicho decreto se restituye al arquitecto municipal Fernando Jiménez Fornell en el puesto de jefe del Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, "quedando sin efecto la encomienda temporal de funciones adoptada el día 6 de abril de 2011", que traspasaba ese puesto a otro funcionario, y que se emitió después de que Jiménez Fornell se viera envuelto en varios procedimientos judiciales que causaron alarma social.

El arquitecto municipal pasó a desempeñar tan sólo el trabajo como jefe de Disciplina Urbanística, que ahora se vuelve a ampliar con el cargo de jefe de Licencias de la Concejalía de Urbanismo, dirigida por el edil popular Diego Muñoz.

La jefatura de servicios en Licencias Urbanísticas le fue retirada a Jiménez Fornell tras su detención en el mes de marzo de 2011 en la Operación Tequila, junto a su compañera Milagros Trigo, delineante del servicio de infraestructuras, y la cúpula política de Urbanismo de la etapa IP.

El arquitecto municipal permaneció detenido y suspendido de empleo y sueldo durante varios días, consiguiendo eludir su ingreso en prisión mediante el pago de una fianza de 30.000 euros. Su implicación en la operación Tequila, pendiente todavía de juicio, consistía presuntamente en la elaboración de informes urbanísticos favorables para la legalización de chalés en suelos no urbanizables a través del estudio de arquitectura TEC, propiedad de su compañera sentimental. Tanto Jiménez Fornell como Milagros Trigo fueron suspendidos de empleo y sueldo durante el tiempo que duró la detención. En aquel entonces, la concejala de Economía y Hacienda, Leocadia Benavente (actualmente de baja maternal), anunció la apertura de un expediente disciplinario. Pero la implicación de Fornell en causas judiciales no se limita a la Operación Tequila; también fue imputado en el caso Pinar de Coig, que está a la espera de sentencia tras la celebración de la vista en noviembre de 2012. En la mayoría de estas causas su implicación consistió presuntamente en dar cobertura técnica a las actuaciones irregulares del ex alcalde Hernán Díaz y el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Con ambos compartió banquillo como acusado a mediados de febrero de 2013, en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Cádiz, imputado por prevaricación por el derribo de la parte trasera de la Casa de las Cadenas, delito por el que el fiscal reclama nueve años de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público. El juicio de Las Cadenas está también a la espera de sentencia.