El Colegio de Arquitectos de Cádiz ha cuestionado el reparto de costes que plantea el documento de aprobación provisional 2 del nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) ya que considera que "se prima" a los propietarios de viviendas ilegales. El decano de la entidad, Ramón Pico, afirmó ayer a Diario de Cádiz que el nuevo ordenamiento asigna unos gastos de urbanización "inferiores" a las áreas de regularización en comparación con el resto de desarrollos previstos.

Éste es el principal argumento del grupo de alegaciones que el Colegio de Arquitectos de Cádiz ha presentado al documento, que hasta ayer estuvo en exposición pública. Pico señaló que se puede producir un "agravio terrible" con la propuesta presentada por el equipo redactor del Plan, la empresa Territorio y Ciudad (dirigida por el arquitecto y urbanista jerezano Manuel Ángel González Fustegueras).

En líneas generales, el decano de los arquitectos de la provincia indicó que el documento de ordenamiento "está bastante bien técnicamente" pero que tiene "algunas lagunas" (la fundamental es el reparto de los costes de urbanización). Sobre el proceso de regularización previsto, del que se prevé que se puedan beneficiar unas 4.500 viviendas, el máximo responsable de esta institución señaló que es una "buena solución" pero que debe garantizar "el reparto equitativo de cargas y beneficios, una máxima del urbanismo". Por otro lado, aseguró que el coste asignado a los propietarios no cubre toda la inversión necesaria por lo que teme que la parte pendiente tenga que afrontarla la administración local.

Aunque desde el Ayuntamiento se ha apuntado reiteradamente que aún es pronto para hablar de los costes que tendrán que afrontar no sólo los diseminados sino aquellos propietarios que quieran desarrollar sus suelos, el documento de aprobación provisional 2 hace una estimación de las posibles cuantías. Así, para la urbanización interior de cada una de las unidades, se prevé un coste de unos 20 euros por metro cuadrado bruto en los suelos que serán regularizados; mientras para los sectores declarados como suelo urbanizable se fija un importe medio de 35 euros. En cambio, para el resto de cesiones no se establecen distinciones por la categoría de suelos. De este modo, para la ejecución del sistema general viario (las vías que se consideran importantes para la estructura de la ciudad) se calcula un coste que supera los 100 euros por metro cuadrado; para los espacios libres, se fija una cuantía de 30 euros por metro cuadrado para los parques urbanos y 200 euros por metro para las vías verdes. Y a todo esto hay que sumarle la obtención del suelo necesario para los equipamientos públicos.

En el estudio económico del nuevo PGOU se hace también una estimación del coste de la ejecución de todas las áreas de regularización previstas (los diseminados legalizables del término municipal se han repartido en 52 unidades). El importe total superaría los 92 millones de euros que se distribuirán entre cada uno de los núcleos en función de su superficie y el número de propietarios.

Uno de los objetivos que se marca el nuevo ordenamiento, tal y como se apunta en la memoria del documento de aprobación provisional 2, es la "necesidad objetiva y estratégica" de actuar sobre las viviendas ilegales. Para ello, señala que este proceso requiere de "la imprescindible participación de los beneficiarios de las medidas de regularización adoptadas en los costes derivados de la ejecución de las infraestructuras y de las dotaciones que precisan". "Éste -prosigue el equipo redactor- ha sido un principio irrenunciable del proceso, no sólo para viabilizar económicamente la ejecución de las medidas transformadoras de la realidad preexistente, sino también como forma de legitimar el proceso desde el respeto a una de las bases del sistema urbanístico establecido en nuestro ordenamiento jurídico: la solidaridad o compensación de los beneficios y cargas derivados del planeamiento". Sin embargo, para el Colegio de Arquitectos, esta máxima no se termina de cumplir.