El idilio empresarial que mantenían Caja Inmaculada (CAI) y el empresario y ex consejero de la Junta de Andalucía Ramón Marrero Gómez se ha roto. Este periódico ha podido saber que la entidad de ahorros aragonesa ha dejado de ser socia de Marrero en los negocios inmobiliarios que tiene en la ciudad, entre los que se encuentra el campo de golf de la Carretera de Sanlúcar (cuya denominación comercial es Golf El Puerto), el desarrollo urbanístico de Bahía Blanca (una de las pocas parcelas junto al mar que quedan aún sin edificar en el término municipal portuense) o la promoción de un polígono industrial en las proximidades del Poblado de Doña Blanca.

La ruptura surge por discrepancias en la gestión y por la falta de resultados. Aunque Marrero contaba con una participación en ellas, había sido designado como "gestor" y cabeza visible de los negocios inmobiliarios. Sin embargo, los resultados no han sido, por el momento, los esperados. Los principales proyectos están sufriendo importantes retrasos o están paralizados, uno de ellos por decisión judicial (el del campo de golf). Fuentes cercanas a la operación señalaron a este rotativo que había un "descontento" generalizado con el trabajo realizado por el empresario, sumado a lo perjudicial que estaba siendo para la imagen de la caja el modo con el que se habían llevado a cabo algunas actuaciones.

Así, a mediados del año pasado, ya se trabajaba en la salida del empresario de los negocios inmobiliarios, llegándose finalmente a una serie de acuerdos económicos sobre sus participaciones en las sociedades (las cuantías de estas operaciones no han trascendido). No obstante su dimisión aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

La parte del ex consejero ha sido adquirida tanto por Caja Inmaculada como por el resto de socios. Según los datos que ha podido recabar este periódico, CAI y Marrero estaban juntos en Arcai Inmuebles SA (y a través de ésta en Golf de El Puerto SA), El Soto de Vistahermosa SL e Inverpuerto 2004 SL, entre otras. El puesto de gestor de los negocios inmobiliarios de estas compañías ya ha sido ocupado por Arturo Carpintero López, socio de la entidad desde hace años y que ocupó la presidencia del consejo de administración de algunas de estas sociedades entre 2004 y 2006.

En 2001 Caja Inmaculada y Ramón Marrero unieron sus caminos en El Puerto. Fue con el desarrollo urbanístico de El Soto de Vistahermosa, una de las pocas zonas que quedaban por edificar de la Costa Oeste. En mayo de 2003, la entidad de ahorros abrió su primera sucursal en la ciudad (que fue la primera en Andalucía) y aterrizó en el accionariado del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar de la mano de Marrero a través de la sociedad Arcai Inmuebles SA, que se había constituido un año antes y en la que, en la actualidad, la caja tiene una participación del 40% del capital, según las últimas cuentas anuales consolidadas publicadas (2008). En ese año estas instalaciones deportivas, que son el complemento para un importante desarrollo inmobiliario (más de 700 viviendas de lujo y un complejo hotelero), cambiaba de manos. Sus anteriores promotores, el Grupo Alca (del empresario Luis Alarcón de la Oliva) o la Caja de San Fernando daban paso a la entidad aragonesa. No obstante, el ex consejero ya se encontraba dentro de la sociedad Golf El Puerto SA desde su constitución junto con su entonces socio el abogado Ramón Dávila.

Sin embargo, en ese momento ya pendía una espada de Damocles sobre el proyecto. El grupo Jale, propiedad de José Antonio López Esteras, había presentado unos recursos judiciales contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que reclasificó urbanísticamente estos suelos y contra la licencia que permitió la construcción del campo de golf. López Esteras, por entonces, planeaba la construcción de otro campo de golf en Las Beatillas (aunque inicialmente también estuvo implicado en el proyecto de la Carretera de Sanlúcar).

Años después, las instalaciones se declararon ilegales al anularse tanto el cambio en el ordenamiento como la autorización municipal mediante sendas sentencias del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).

No obstante, el Ayuntamiento inició en 2005 el proceso de regularización con diversos trámites que aún no han concluido. Así, se promovió una nueva modificación puntual del ordenamiento urbanístico local subsanando los errores cometidos durante la tramitación anterior. Ahora se está pendiente de que la Junta le dé su visto bueno definitivo al documento.

Pero esto no fue óbice para que Golf de El Puerto SA ejecutara las obras de urbanización del futuro desarrollo residencial del campo de golf. No obstante, la sociedad ya ha comunicado al Ayuntamiento que no construirá las viviendas mientras no se apruebe el nuevo PGOU. El equipo redactor de este planeamiento, la empresa Territorio y Ciudad, planteó reformular el desarrollo con una propuesta con más espacios para usos terciarios, comerciales y hoteleros, que ha sido aceptada por los promotores del proyecto.

También ha sido cuestionado el desarrollo previsto en Bahía Blanca por Arcai Inmuebles SA y otra sociedad, MVG Urbanismo y Gestión (en ella que no está la caja de ahorros). De hecho, una tala de árboles no autorizada provocó que la Consejería de Medio Ambiente ordenara la paralización de los trabajos. Las obras, que se retomaron meses después, están a punto de concluir a falta de arreglar los desperfectos ocasionados por la climatología en los últimos meses.

Ya por último, Caja Inmaculada y Marrero eran socios en Inverpuerto 2004 SL, una de las cuatro empresas con las que el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Impulsa El Puerto, firmó un acuerdo para promover un polígono industrial en las proximidades de Doña Blanca. Pero este proyecto sigue en el aire puesto que, a día de hoy, no es posible su ejecución ya que lo impide la normativa urbanística al ser unos suelos de especial interés agrícola. No obstante, la Junta de Andalucía está revisando actualmente el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), documento que impide que estos suelos puedan desarrollarse por ahora. Y el Ayuntamiento ya le ha planteado la propuesta al organismo autonómico justificándola en la necesidad que tiene la ciudad de más suelo industrial.

Todos estos cambios se han producido en un momento de delicada situación dentro de Caja Inmaculada. El pasado mes de diciembre, el consejo de administración cesaba al director general, Tomás García Montes, al haberse cuestionado su gestión al frente de la entidad, según ha venido informando la prensa aragonesa en los últimos meses. Precisamente, García Montes formaba parte de los consejos de administración de las empresas donde eran socios CAI y Marrero.