La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar ha remitido al Ayuntamiento un manifiesto “en defensa de la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz” para que el Pleno municipal apruebe una declaración institucional de apoyo al sector e inste a la Administración central y la Junta de Andalucía a defenderlo “frente a tendencias, normativas y ocurrencias que llegan de Europa”.

Se trata de una acción que da continuidad a la iniciativa puesta en marcha por otros puertos andaluces “porque desde el Parlamento Europeo y por parte de algunos colectivos y seguidores quieren acabar con la pesca y tenemos que estar preparados y unidos para defender nuestro sector pesquero como actividad necesaria para la generación de empleo y el suministro de productos del mar”.

El manifiesto argumenta que “la pesca en general, y dentro de ésta la modalidad de arrastre, está sufriendo en los últimos años un problema real de aceptación por parte de la Comisión Europea digno de ser analizado y que, de seguir así, acarreará importantes problemas para la supervivencia de la actividad a corto plazo”. Destaca al respecto que dicho órgano de la UE “es, al final, el que tiene la competencia para regular y establecer las normativas que luego se aplican en España y el resto de los países”.

Según explica en el documento la Cofradía, “existen intenciones reales de limitar y/o prohibir la modalidad de arrastre en un futuro próximo, intenciones que el sector pesquero del Golfo de Cádiz no puede permitir que se cumplan, ya que de esta modalidad de pesca dependen importantes puertos y un número elevado de embarcaciones, empresas y tripulantes”.

A su juicio, “toda esta corriente de opinión institucional en contra de la pesca se viene traduciendo en que la gestión pesquera esté basada en inspección y control, donde se invierte la mayor cantidad de fondos FEMP gestionados por la administración”. “Es decir, no existe una verdadera gestión pesquera con medidas viables, acciones innovadoras de cogestion, cercanía al sector, normativas reales y objetivas, etcétera, sino que solo existe inspección y control que asfixian a nuestra flota y sanciona por cualquier mínimo detalle que en Europa se hayan inventado”, añade aludiendo a continuación al “despropósito de la instalación de cámaras a bordo” de las embarcaciones.

Arguye, igualmente, que “la opinión del sector no cuenta para nada, participamos en los procesos como meros espectadores, pero nunca en la toma de decisiones, y así nos llega cada vez más regulación que es imposible cumplir y por la que más tarde nos sancionarán”. “Ya que al sector no se nos tiene en cuenta, es necesario movilizar a la ciudadanía y a los agentes sociales para defender esta actividad tradicional pero clave en las zonas costeras por muchas razones que giran en torno al empleo y la alimentación sana”, sostiene.

Así las cosas, reclama “autocrítica” a la Comisión Europea y demás administraciones competentes afirmando que “no parece lógico pensar que la culpa siempre es del sector que incumple por defecto, sino que también cabría pensar en que la gestión pesquera actual se aplica de forma genérica, no se adapta a los caladeros y pesquerías, no es justa ni social ni nada y solo mira la sostenibilidad ambiental sin atender la dimensión social”.