La Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización señala que tras el primer mes después de la aprobación de las Ordenanzas de Regularización de Viviendas en Chiclana, “la inmensa mayoría del extrarradio, formado por más de 15.000 viviendas, sigue viendo de forma incrédula cómo se esfuma la posibilidad de la contratación de servicios básicos indispensables como son el agua, alcantarillado y excepcionalmente electricidad”.

Destaca que se trata de unas ordenanzas “en las que a última hora el equipo de gobierno (PSOE-Ganemos), con la connivencia del resto de formaciones políticas, incrementaron los costes de urbanización en un 25 % y que no han asumido la contratación temporal de servicios básicos por dos años, como explícita la última reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que no se ha modificado ni una sola coma en ese sentido".

Este colectivo explica que, según la Delegación Municipal de Urbanismo, “las 200 viviendas que se encuentren en zonas cercanas a urbanizaciones podrán iniciar los trámites, con el consiguiente abono de tasas, acometidas y costes de urbanización (aunque estén finalizados) y al menos tener la tranquilidad que si abonan todo el importe no se verá incrementado con sorpresas”. Así, quiere incidir en que, “cualquier aplazamiento, llevará los correspondientes intereses”.

En este sentido, la plataforma añade que el resto, “o sea 14.800 viviendas, deberán iniciar un proyecto de urbanización con un coste establecido por las ordenanzas que, si es mayor se deberá abonar la diferencia pero si es menor no te devolverá el Ayuntamiento. A pesar de que las fases de regularización no conllevan tiempo, todo el proceso tiene un límite de 7 años de caducidad en el registro que, ante cualquier imprevisto, se quedará ‘en el limbo”.

Con ello, la entidad que representa a afectados por este proceso expresa que la regularización de viviendas en Chiclana “se puede convertir en una ratonera de la que puede ser difícil salir”.Al respecto, indica que tras estudiar “el famoso” acuerdo bancario entre el Ayuntamiento y una entidad financiera para facilitar el acceso a la primera fase, “éste no va más allá de un tradicional contrato bancario en el que no sirve ni la propia vivienda como aval, sin tipo de interés ventajoso y que deberá presentar un Certificado del Ayuntamiento que se desconoce su alcance”. Por ello, reseña que desde este colectivo “no podemos dejar de aconsejar que se tenga precaución en firmar todo tipo de documento por las consecuencias irreversibles que pueda ocasionar. Muchas lagunas y dudas que después de los últimos acontecimientos, no despierta ninguna confianza”.

Asociaciones y colectivos formalizan la creación de una Federación del Extrarradio para defender sus intereses

Asegura que son “los técnicos del Ayuntamiento (y no otros), los que tienen la última palabra e interpretación porque determinarán si al final del proceso, se conseguirá la ‘legalización’ o simplemente continuar con el Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO)”. Por último, señala que distintos colectivos y asociaciones están formalizando la Federación del Extrarradio, al que se ha adherido la mencionada plataforma, “con el único fin de conseguir de una vez por todas agua y alcantarillado para todos los chiclaneros que seguimos discriminados sin los servicios básicos”.