Chiclana contará con un reglamento para declarar la situación de riesgo de menores

El Ayuntamiento de Chiclana contará con un Reglamento Municipal Regulador del Procedimiento para la Declaración Administrativa de la Situación de Riesgo de Menores en la ciudad. La aprobación inicial de esta acción fue aprobada de forma inicial en el Pleno de mes de agosto, así lo ha recordado en rueda de prensa el delegado municipal de Infancia, Francis Salado, que ha explicado que este reglamento nace para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, desarrollando actuaciones de sensibilización, detección precoz, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia.

Además, nace para dar respuesta a lo establecido en el art. 23 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, en el que se indica que las entidades locales son las competentes para la prevención, detección, valoración, intervención y finalmente para la formalización de la declaración de situación de riesgo de los menores.

"Pero, sobre todo, este reglamento se crea como herramienta para garantizar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés que pudiera concurrir. Este supone uno de los principales principios rectores de esta norma local, siempre el interés del menor y salvaguardar sus derechos", ha destacado el delegado.

Este reglamento establece y regula el procedimiento administrativo para llevar a cabo las declaraciones administrativas de situación de riesgo de las personas menores de edad, así como la creación de la Comisión Local para la declaración administrativa de situaciones de riesgo de menores, su composición y régimen de funcionamiento.

Igualmente se regula el Registro Municipal de declaraciones de situación de riesgo de menores con total garantía, de carácter restringido, reservado y confidencial, porque "desgraciadamente, se dan situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a condiciones o contextos que ponen en riesgo su integridad, su bienestar y su desarrollo como persona", ha incidido Francis Salado.

Se consideran situaciones de riesgo aquellas en las que a causa de carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, las personas menores se ven perjudicadas en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, siendo precisa la intervención de la administración pública competente para eliminar, reducir o compensar estas carencias y evitar así el riesgo, la exclusión social, sin tener que ser separado del entorno familiar.

"Desgraciadamente también, hay muchos progenitores o tutores legales que no colaboran o no participan en este proceso de eliminación o reducción de los indicadores de riesgo, provocando un agravamiento en la situación que viven o sufren algunos menores", ha señalado el delegado.

En definitiva, la declaración administrativa procede cuando, existiendo un proyecto de intervención o tratamiento familiar que intenta revertir las condiciones que dieron lugar a esa situación de riesgo, los padres, madres o personas tutoras no colaboran en el desarrollo y ejecución de este proyecto de cambio.

Una comisión local

Para garantizar la objetividad e imparcialidad de la actuación protectora de los menores en situación de riesgo se crea la Comisión Local para la declaración administrativa de situaciones de riesgo de menores. Es un órgano colegiado de carácter técnico, interdisciplinar e intersectorial que estará compuesto por el presidente, que será el alcalde o el delegado en quien delegue; la secretaría, ocupada por la jefatura de la Delegación de Servicios Sociales; y como vocales, una persona del ámbito de los Servicios Sociales, que será la directora del centro; dos personas del ámbito de Familia e infancia, que serán dos técnicas, una de intervención y otra de tratamiento; una persona del ámbito sanitario, que corresponderá a la dirección de distrito o en quien delegue; otra del ámbito educativo, que corresponderá a la jefatura de la delegación, y otras dos personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que serán un miembro de la Policía Local y otro miembro del Equipo de Mujeres y Menores de la Guardia Civil.

Esta Comisión Local se reunirá como regla general una vez cada tres meses y con carácter extraordinario cuando así se considere, atendiendo siempre al interés superior de los menores.

"Con la aprobación de este nuevo Reglamento Municipal damos un paso más hacia la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad", ha señalado Francis Salado, destacado que "debemos garantizar su bienestar y su desarrollo personal. Debemos protegerlos de toda aquella situación de riesgo que amenace su integridad, que afecte negativamente a su futuro. Debemos cuidarlos y defenderlos con todas las herramientas posibles y este reglamento es una de ellas".

Además, el delegado ha reseñado que "otra herramienta importante con la que contamos para proteger a los niños, niñas y adolescentes, que no es otra que el trabajo que realizan a diario los equipos de intervención y tratamiento familiar que están integrados por profesionales, trabajadoras sociales, educadoras y psicólogas, ampliamente cualificadas y preparadas para ejercer esta importante labor de protección".