Representantes de la Federación del Extrarradio de Chiclana y de la Plataforma de afectados por la Regularización, así como de la Asociación de Residentes Extranjeros en Chiclana (Chifra), han tomado parte en la reciente reunión celebrada en Sevilla, en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En dicho encuentro, donde también estuvieron representantes vecinales de otras zonas de Andalucía afectadas por esta problemática como la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía-No (AUAN), la asociación SOHA de Málaga, Pavip de Vejer de la Frontera o las urbanizaciones de Carmona, la consejera de dicho área, Marifrán Carazo, reivindicó la “seguridad jurídica del decreto ley que entró en vigor el 26 de septiembre y que tiene como objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias”.

En esta línea, Marifrán Carazo quiso lanzar un “mensaje de tranquilidad tras el jarro de agua fría que ha supuesto para estos vecinos la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar un conflicto de competencias por una posible afectación del decreto ley a la Ley de Costas”, trasladó. “El contenido del decreto cuenta con todos los informes jurídicos favorables, ha sido revisado por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía y, en ningún caso invade ninguna ley estatal, estamos convencidos”, defendió la consejera ante los asistentes.

Además, recordó que el decreto ley sigue vigente pese al requerimiento de la Administración central, a la que ha emplazado a que celebre el encuentro “a la mayor brevedad posible para aclarar las dudas que tengan”. “El hecho de que hayamos tenido un Gobierno en funciones hasta mediados de enero ha impedido que se haya convocado esta reunión, en la que remarcaremos que el decreto no interfiere en la zona de dominio público”, apuntó la consejera, que estuvo acompañada en la reunión por María del Carmen Compagni, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Representantes vecinales de la ciudad durante el encuentro celebrado hace unos días en Sevilla.

Asimismo, la consejera recordó a los presentes “el compromiso del Gobierno andaluz, que desde el primer minuto ha buscado fórmulas que pusiesen freno a una situación insostenible para miles de familias andaluzas que se encontraban en un limbo jurídico”.

La solución, “que no es una amnistía pero sí da respuesta a muchas de las demandas de los afectados”, incidió Marifrán Carazo, “ha llegado a través de este decreto ley que fue convalidado en el Parlamento de Andalucía con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos y VOX)”.

Según explicó, el decreto ley pone el acento en la protección ambiental y la simplificación de los procesos. El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo.

Así, según se argumenta desde la Junta, el primer pilar del decreto ley es la ampliación de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir la infracción, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.

Es precisamente a este punto al que se agarran muchos de los afectados por esta problemática en Chiclana para demandar soluciones más rápidas y accesibles para los residentes en estas zonas, en lo que al acceso a los servicios básicos se refiere, si bien desde el Consistorio se insiste en la escasa aplicabilidad del nuevo decreto de la Junta en la ciudad.

Por otra parte, la Administración regional defiende que con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU. “Antes había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de la entrada en vigor del decreto, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos”, aseguran.

Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley según la Consejería está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. “Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable”, sostienen, un marco legal que en Chiclana, según se ha argumentado por parte de urbanismo ya en reiteradas ocasiones, está superado al contar la ciudad con el PGOU y las posteriores ordenanzas de regularización, que abarcan y contemplan un campo más amplio y específico de la localidad de lo que lo hace el decreto, insisten los responsables municipales, los cuales aseguran incluso contar con el reconocimiento de los técnicos de la Junta en esta línea.