El próximo mes de junio se cumplirán cuatro años desde que se destapó el presunto fraude cometido por la Asociación de Minusválidos Virgen del Carmen en relación con el impago de nóminas, deudas, cuotas sociales y otros conceptos relacionados con las actividades que desarrollaba este colectivo y la empresa creada en su seno bajo el nombre Chiclana Servicios Laborales, como vienen denunciando desde entonces, entre otros, los vocales de la antigua Junta Directiva de la asociación.

Son cinco, ya que dos de los afectados han fallecido en los últimos años, los miembros que entonces formaban parte de la citada Junta Directiva, en calidad de vocales, que mantienen un pulso tanto contra el presidente y el vicepresidente de la entidad disuelta, Francisco Orrequia y Antonio Gautier, como con los organismos que les reclaman el pago de deudas por aquellos hechos. En concreto, estas cinco personas, junto a Orrequia y Gautier, siguen debiendo a la Seguridad Social 30.000 euros en concepto de impago de cuotas, la mitad de lo reclamado inicialmente al haber sido abonada ya una parte.

Sin embargo, los entonces vocales del colectivo afectados por este proceso siguen defendiendo que fueron víctimas de una estafa urdida por parte del presidente y el vicepresidente de la asociación, "al incluirnos como consejeros de la empresa creada al efecto sin nuestro consentimiento y hacernos responsables de sus hechos utilizando nuestras firmas a su antojo y sin nuestro permiso", asegura Fali Huerta, una de las afectadas, y explicando que "la Seguridad Social nos insiste en que deben reclamarnos a nosotros también la deuda porque constamos como consejeros de la empresa en sus escrituras, algo de lo que nosotros no hemos sido conscientes hasta que no empezaron los problemas".

Según Huerta, "en todos estos años de investigaciones y búsqueda de documentos, hemos obtenido numerosas pruebas de falsificaciones de actas de las reuniones de la asociación, creación de autorizaciones para actuar en nuestro nombre sin necesidad de nuestro consentimiento, extractos bancarios en los que se recogen movimientos que dejan a las claras la trama urdida, etcétera, unas pruebas que hemos presentado ahora a la Fiscalía para intentar, de una vez por todas, que se aclare un asunto que lleva años suponiendo un martirio para todos nosotros".

Así, esta afectada explica que los entonces vocales de la asociación, todos ellos con diversos grados de minusvalía, "hemos ido siendo embargados en nuestras cuentas, nóminas, casas y recientemente, nuestros coches, para hacer frente a los pagos a la Seguridad Social que la empresa dejó a deber, motivo por el que uno de nosotros decidió pagar parte de esa deuda para evitar que le quitaran su casa".

En este sentido, Fali Huerta, que asegura hablar en nombre del resto de afectados, confía en que la reunión mantenida ayer con una fiscal y un juez en Cádiz para presentar esta documentación les permita iniciar un proceso "que termine en el esclarecimiento de este fraude y ayude a que las denuncias que tenemos presentadas en el juzgado se resuelvan de forma satisfactoria". En este sentido, Huerta explica que lo último que han hecho, aconsejados por sus interlocutores en el citado encuentro, ha sido sumarse los cuatro restantes a la denuncia interpuesta hace tiempo por uno de ellos contra Orrequia y Gautier por estafa, "de forma que el procedimiento tenga más fuerza y se pueda presentar también ante la Seguridad Social", argumenta.

Cabe recordar que esta trama se destapó en el año 2011, cuando los 180 trabajadores contratados por la empresa dependiente de la Asociación Virgen del Carmen para realizar trabajos de mejora en diversos caminos rurales de la ciudad a través del Plan Local de Empleo Social (PLES), puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno municipal, descubrieron, cansados de esperar el cobro de los sueldos que la empresa les adeudaba, que dicho proyecto no constaba dentro de las actividades subvencionadas por el citado plan de empleo, lo cual generó una cascada de reacciones y consecuencias que terminó con numerosas denuncias por parte de estos trabajadores y reclamaciones de organismos e instituciones públicas, como la propia Seguridad Social o el Ayuntamiento de Chiclana, hacia la asociación y sus directivos.

Ahora, casi cuatro años después, algunos de esos trabajadores, además de otros que prestaban servicios para otras empresas como Chiclana Natural a través de la firma creada por Virgen del Carmen, han podido cobrar parte de lo que han venido reclamando a través del Fogasa, mientras que otros aún están incluso pendientes de juicio al demorar sus reclamaciones judiciales, confiados durante años en la posibilidad de solucionar el problema sin necesidad de acudir a los tribunales.

De esta forma, casi un lustro después, este asunto, que generó gran controversia social y fue objeto de numerosas informaciones en los medios y acusaciones entre administraciones, partidos políticos y afectados, sigue sin estar aún resuelto, con el padecimiento, según sostienen, "de los que tan sólo somos algunos de los muchos estafados por esta trama".