El Pleno de Chiclana se celebró por primera vez en lunes con un intenso debate que se alargó a casi tres horas y sirvió para evidenciar las discrepancias entre grupos en distintos puntos a pocos meses de las elecciones. El Gobierno municipal sacó todas las propuestas adelante, incluida la rebaja de la polémica tasa por documentos públicos, pese a que varios grupos reclamaban eliminarla por completo en la línea de asociaciones como Ecologistas en Acción.

La sesión ordinaria de octubre fue la primera en celebrarse el primer día de la semana tras el cambio motivado por el nombramiento de Ascensión Hita como parlamentaria andaluza. En primer lugar, se aprobó dejar desierta la licitación de la enajenación de la parcela TH-20 del Novo Sancti Petri, después de que ninguna cadena hotelera haya presentado oferta. El Ayuntamiento pretendía aprovechar el interés manifestado por muchas firmas, pero finalmente no ha logrado vender este espacio, la última gran parcela hotelera de dominio público en la zona.

El Gobierno local también sacó adelante la adscripción dos microbuses de gas natural comprimido al servicio de transporte. Los vehículos, comprados con 338.000 euros de fondos europeos, destacan por los bajos niveles de emisiones de partículas, CO2 y otros gases de combustión, cuentan con un total de 22 plazas sentadas y 10 de pie cada uno y servirán para desplazar a los chiclaneros por la ciudad.

En materia económica también se aprobó una nueva modificación presupuestaria, en la que se contempló el aumento salarial a la plantilla municipal. Uno de los puntos que más debate generó fue la modificación de las ordenanzas fiscales número 1, 12 y 16, que incluía la rebaja de la polémica tasa por documentos públicos, por la cual el Ayuntamiento marca un precio a pagar a las asociaciones o entidades jurídicas que reclaman información a la hora de conseguir informes o expedientes municipales.

El equipo de Gobierno cobrará a partir de ahora 10 céntimos en los documentos menos complejos, un pago testimonial exigido por los técnicos, para los que las peticiones de trasparencia supone un trabajo extra en el día a día. Podemos planteó una enmienda para exigir la gratuidad que también apoyó Ciudadanos, aunque PSOE e Izquierda Unida recordaron la inviabilidad de la propuesta. El PP, por su parte, consideró que lo realmente importante es bajar otras tasas, por lo que valoró la propuesta como “poco ambiciosa”. La modificación incluía otras modificaciones menos polémicas como ajustar los precios de los servicios deportivos del Supera a la subida del IPC y actualizar el coste de las bodas civiles.

Además, hubo varias propuestas de los distintos grupos políticos, lo que intensificó el debate entre formaciones en la segunda mitad del debate. El PSOE planteó la adhesión a la Declaración de París –donde los países europeos se comprometieron a reducir las emisiones en un 55% antes de 2030- e instar a la Junta a atender las propuestas realizadas por los armadores de Barbate, Sancti Petri y Rota. Izquierda Unida, además, presentó una declaración del Pleno contra la violencia de género de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género.

El Partido Popular fue la formación más activa de la oposición, con dos mociones de control que fueron matizadas por el Gobierno local. En primer lugar, propuso poner en marcha cuanto antes la cafetería del centro cívico de Panzacola; el concejal de Hacienda, Joaquín Guerrero, explicó que “no se encuentra a ninguna empresa” que quiera abrir el local y que incluso ya se ha bajado el precio exigido, después de que la última adjudicataria renunciase antes de la finalización del contrato. Los populares también reclamaron la limpieza de los arroyos Ahogarratones y Carrajolilla, asegurando que los trabajos son competencia municipal; el concejal Adrián Sánchez, que se mostró a favor de la necesidad de actuar en la zona, planteó que sí es competencia de la Junta, mientras el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero recordó que ya existe un Plan Integral de limpieza de cauces y cunetas en el que se intensificaron los trabajos de este tipo en colaboración con la administración autonómica desde “hace ya tres años”.