Alrededor de una decena de inmobiliarias han querido conocer de primera mano la realidad urbanística de Chiclana ante el reto al que se enfrenta la ciudad con respecto al proceso de regularización de viviendas. De esta manera, el alcalde, José María Román, y las delegadas municipales de Urbanismo y Diseminado, Ana González y Cándida Verdier respectivamente, junto al técnico municipal Ataulfo Fernández, han mantenido un encuentro con representantes de empresas inmobiliarias chiclaneras para abordar distintos aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ordenanza de Regularización.

El principal objetivo de dicha reunión ha sido aclarar las dudas y cuestiones que pueden surgir en el proceso de regularización de viviendas, así como cuestiones jurídicas a la hora de la venta de parcelas de la zona del extrarradio. “Ante la incertidumbre que pueda provocar la nueva situación urbanística, una vez en vigor la Ordenanza de Regularización, hemos mantenido este encuentro, que desde la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz (GICA) nos habían solicitado con los técnicos municipales”, señaló el alcalde, quien muestra su satisfacción por el desarrollo de este encuentro de trabajo.

Al encuentro han asistido el presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz y gerente de la inmobiliaria Campomar, Juan José Butrón, así como representantes de las inmobiliarias City 10, Fincaymar, Beltrán y Bellido, Alameda, Finmohogar, Grupo Fincas, Surhogar, Grandal y Servigestión, quienes habían mostrado su interés en mantener esta reunión para aclarar cómo se prevé el proceso de regularización, al que pueden acogerse más de 13.000 viviendas situadas en la zona del diseminado, así como la situación jurídica de los inmuebles de dicha zona. “Era muy importante mantener esta reunión con las distintas inmobiliarias que trabajan en Chiclana, porque de esta forma podemos afrontar este proceso de forma conjunta, así como contando con la opinión de los profesionales del sector, ya que no solo se verán afectados los propietarios de las parcelas, sino que también están implicadas en la regularización de viviendas las empresas inmobiliarias, que cuentan con terrenos y edificaciones para su venta o alquiler”, indica José María Román, quien ha agradecido a los empresarios presentes en la reunión su predisposición a colaborar en todo este proceso.

El regidor chiclanero resaltó que “somos conscientes de que será una ardua tarea, pero vamos a poner todo nuestro empeño en que el proceso de regularización de viviendas sea una realidad y los vecinos de suelos urbanos no consolidados puedan obtener, al menos, los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado y, si es posible, la regularización de sus viviendas, lo que les proporcionará seguridad jurídica y, sobre todo, mayor calidad de vida, ya que podrán consumir agua potable de la red general, así como evitar que las aguas residuales se depositen en el subsuelo”, recordando que, “para facilitar las inversiones que los propietarios deban realizar, hemos alcanzado un acuerdo con una entidad financiera como Cajasur, a través del cual se pretende facilitar la financiación de las inversiones que realicen los vecinos dentro de la convocatoria municipal para la regularización de viviendas en el término municipal, con el fin de que puedan obtener financiación en condiciones ventajosas para hacer frente a lasa actuaciones necesarias”.

El alcalde mostró su confianza en que este tipo de reuniones “pueda seguir desarrollándose en el futuro, con el objetivo de seguir trabajando de forma conjunta, con el fin de que aquellas cuestiones que puedan crear incertidumbre entre los vecinos, empresas del sector inmobiliario e inversores puedan resolverse, garantizando así una mayor seguridad entre la ciudadanía”.Desde el Ayuntamiento reiteran que, una vez la Ordenanza de Regularización se encuentra en vigor desde el pasado 29 de septiembre, un total de 635 viviendas ubicadas junto a suelos urbanos consolidados en diez áreas diferentes tiene la posibilidad de incorporarse al proceso de forma inmediata, mientras que aquellos vecinos que tienen cerca los servicios de abastecimiento y saneamiento ya pueden comenzar a trabajar para ello, aunque en este caso es necesario delimitar el ámbito de actuación y elaborar el correspondiente proyecto de urbanización. Asimismo, asegura que unas 16.000 parcelas en una superficie total de 22,5 millones de metros cuadrados de suelos urbano no consolidados pueden acogerse a este proceso de regularización de viviendas.