Butrón anuncia acciones judiciales contra IULV-CA por la "vulneración de derechos fundamentales"

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Chiclana, José Pedro Butrón, anunció hoy que "en los próximos días" emprenderán medidas legales contra la dirección regional y provincial de IULV-CA para defender los "derechos fundamentales como militantes" en el municipio, que "han sido vulnerados".

En rueda de prensa, Butrón aludió a la "burda estrategia" seguida por la dirección del partido y al escrito remitido por el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, al Ayuntamiento chiclanero asegurando que ni Butrón ni su compañero José Antonio Blanco son militantes de IU "porque no figuramos en el censo". A su juicio, han recurrido "a la vía rápida" que consiste en "negar nuestra existencia para ahorrarse los trámites de expulsión".

A este respecto, pidió a Valderas que "certifique con papeles donde está la resolución del expediente de expulsión, que ni siquiera se ha abierto", y defendió su pertenencia al partido alegando que no se ha dado ninguno de los motivos de expulsión que enumera el artículo 6 de los estatutos de la organización.

"Ante la ausencias de motivos legales y objetivos -dijo- inventaron un proceso de reafiliación que no aparece en los estatutos" cuando plantearon la creación de la gestora de Chiclana que, por cierto, "aún no se ha comunicado fehacientemente que exista", apostilló. Por ello, hay "30 militantes que no aparecen en el censo", criticó.

Asimismo, aseveró que "jamás se ha abierto un expediente contra el concejal José Antonio Blanco" ya que, además, la declaración de la Mesa Nacional Antitransfuguismo "no lo menciona", con lo que cada vez que "se permiten el lujo de nombrarlo como declarado tránsfuga, están atentando contra su honor y su propia imagen".

A su juicio, tendrían que haber solucionado estas cuestiones internamente, pero "la indefensión absoluta de la vía interna, la «discriminación y la vulneración de derechos fundamentales no deja otra opción que recurrir a los tribunales", señalando que llegarán "hasta las últimas consecuencias, le pese a quien le pese".

Según dijo, aún no tienen claro si recurrirán a la vía civil, "que es lenta", la vía contencioso-administrativa o una vía "ultra rápida de protección de derechos fundamentales". En este sentido, aseguró que presentarán, entre otras pruebas, un acta notarial que certifica que les negaron el acceso a la asamblea provincial celebrada recientemente en Jerez de la Frontera.

Con ello, pretenden, entre otras medidas, la "suspensión cautelar de la gestora de Chiclana" y solventar el asunto del censo, que "ha dejado fuera a 30 militantes sin que haya ningún expediente de expulsión", reiteró.