"Quien compre los terrenos de Delphi estará comprando un pleito futuro". El abogado del Estado contestaba de esta manera a la pregunta de un consejero del Partido Popular en el Consorcio de Las Aletas cuando la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ya había solicitado la reserva de suelo de los terrenos de la antigua empresa de componentes automovilísticos. La idea es que los mismos se integraran dentro de la propia operación de Las Aletas. Esa pregunta se hizo cuando ya empezó a llegarles el año pasado que el Cádiz C.F. había puesto sus ojos en Delphi. Entonces se pensaba que era para la construcción de un nuevo estadio.

La compra de los terrenos de Delphi por parte del Cádiz C.F. y un grupo de inversores para hacer un proyecto industrial futuro de tecnológico y de fútbol, tal y como lo definió el presidente del club, Manuel Vizcaíno, tiene mucha letra pequeña que puede hacer que este asunto tenga muchas dificultades para salir adelante.

El que el proyecto lleve el apellido industrial no es ninguna casualidad, ya que los rectores del club saben que esos terrenos tienen este uso y cualquier cosa distinta que se aborde allí, tiene que pasar por un trámite de modificación urbanística que también alargaría los plazos. Pero esto también tiene sus propias aristas que veremos más adelante. 

Volvamos a esa frase lapidaria del abogado del Estado. Este, a instancias del propio Consejo de las Aletas, se puso en contacto con su colega en la Autoridad Portuaria, el cual pocos días después realiza una notificación al Juzgado de lo Mercantil que tiene el concurso de Delphi y también hace la misma notificación a los administradores concursales hasta en dos ocasiones: en las mismas se les dice claramente que hay una reserva de suelo para los terrenos.

Y es que esa reserva viene acompañada de una declaración por parte del Administración estatal para que los terrenos sean declarados de utilidad pública, algo que abriría el proceso de expropiación, que ya iría contra el Cádiz.

Poco antes se hizo una tasación publica valorada en unos 3 millones de euros para proceder a la compra del suelo, pero los administradores concursales pedían prácticamente el doble. Una administración pública no puede pagar ni un solo euro más por un bien porque lo impide la norma, por lo que siguieron avanzando los trámites de la reserva de suelo de manera que todo parece indicar que el final puede ser que se acabe en una expropiación forzosa por el interés público, cuya cuantía también tendría que venir determinada por una tasación.

Los terrenos de Delphi son necesarios para la Autoridad Portuaria para darle continuidad a La Cabezuela y conectarlo con las Aletas y donde incluso aparecería una especie de estación intermodal para mercancías. Además de la APBC, la Zona Franca también entraría en juego en el desarrollo de los suelos. Sin embargo, la entrada del Cádiz C.F. ha venido a bloquear esta operación industrial para Delphi para la que hay unidad política e institucional, pese al silencio que está imperando.

Desde la política la única que ha tomado posición es la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, que se hizo la foto con el presidente del Cádiz y el representante del grupo inversor en la presentación pública del proyecto. Sin embargo, lo que dijo en la rueda de prensa tuvo un tono más bravucón y después rebajó el tono en declaraciones a Radio Cádiz. De lo de "allí se hará lo que quiera el Ayuntamiento de Puerto Real", a mostrar también su preocupación por el futuro del suelo.

Elena Amaya se mostró especialmente combativa con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, entidad que preside Teófila Martínez, ya que teme que en Delphi pueda haber tráfico de graneles. Sin embargo, en el consejo de administración del ente portuario, del que ella forma parte, votó tanto en 2019 como en 2020 a favor de la reserva de suelo, algo que también repitió en el del Consorcio de Las Aletas. Sin embargo, ahora está apoyando públicamente algo que es totalmente contrario a lo que votó en su día. 

Y hay otra pata muy importante en este proyecto. Y es que fuentes consultadas por este medio han explicado que el proyecto no es compatible con el uso. No sólo es que pueda haber unas pistas deportivas, sino que va una parte de espacio comercial, cuando el Plan General dice muy claramente que tiene un uso industrial, por lo que a la fuerza debería haber un cambio urbanístico.

Las fuentes consultadas por este periódico se hacen una pregunta: "¿Quién compra un pleito futuro?". La respuesta no la tiene pero hay dudas sobre si lo que realmente se está buscando es un pelotazo urbanístico.