Cádiz

El comercio pide que se pare el plan de peatonalización de todo el casco antiguo de Cádiz

Un vehículo estacionado en la plaza de San Agustín.

Un vehículo estacionado en la plaza de San Agustín. / Lourdes de Vicente

La Confederación Española de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos (COCAHI) remitirá al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un escrito en el que se solicita la anulación de la entrada en vigor de las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones). Los comerciantes de Cádiz Centro Comercial forman parte de esta confederación.

La petición que ahora se realiza, cuando las ZBE ya deberían de estar en marcha en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, se apoya en el retraso hasta 2035 de la entrada en vigor de la prohibición de la venta de coches de carburante y, por ello, muy contaminantes.

La imposición de crear estas zonas, donde se restringe el tráfico rodado contaminante y se apuesta por la peatonalización y el uso de medios públicos o la bicicleta, procede de la Unión Europea, que apuesta por ciudades más responsables con el medio ambiente y por ello más sostenibles.

Son los propios ayuntamientos lo que proponen el espacio urbano de sus ciudades que quieren incluir en la zona de bajas emisiones. En el caso de Cádiz, el anterior gobierno municipal apostó por todo el casco antiguo, aunque no le dio tiempo ejecutar el plan.

Constata este colectivo nacional que "el comercio físico y en concreto el de proximidad es el que da sentido a las ciudades, es un comercio sostenible, responsable con el medio ambiente, dinamiza la economía local y es el que da el servicio y abastece a la población de las ciudades".

Frente a ello, la apuesta por las ZBE, "se trata de una política que está modificando el modelo económico de los centros urbanos/ cascos históricos de las ciudades. Para COCAHI esta medida puede afectar negativamente a la actividad comercial y empresarial de las zonas centro de ciudad, además de suponer un castigo a todos los ciudadanos, a los que se les impedirá acceder a las mismas, en un intento deliberado de obligarlos a cambiar de coche en medio de un momento económico tan difícil para todos".

Junto a ello se afirma que “si la Unión Europea amplía hasta el año 2035 la posibilidad de seguir fabricando coches de combustión, no tiene ningún sentido que en España se implanten obligatoriamente estas ZBE ”.

“Somos los primeros que hemos promovido y apoyado los planes de peatonalización de nuestras calles porque hemos creído que esos espacios son mucho más agradables para las compras, pero determinados modelos urbanísticos y medioambientales nos pueden hacer mucho menos atractivos y competitivos respecto a otras zonas de la periferia que no tienen ningún tipo de cortapisa a la hora de instalarse y de construir, como parte de sus servicios, enormes aparcamientos gratuitos”, se lamenta desde la entidad.

“No se puede obligar a la mayoría de la población de una ciudad a cambiar de coche en una situación de crisis económica y de incremento desmedido de los precios de productos como la comida, luz, las hipotecas. Los comerciantes, autónomos y ciudadanos no podemos hacer frente a un solo gasto más y menos para comprar un vehículo que nos permita transitar por las Zonas de Bajas Emisiones”, concluye la confederación.

El comercio de Cádiz

José Amaya, presidente de Cádiz-Centro, coincide con la reflexión de este colectivo nacional. Considera que en el caso de nuestra ciudad la elección de todo el casco antiguo como ZBE “fue excesiva”, sobre todo por las dificultades de aparcamiento que tiene la ciudad, lo que limita la atracción de clientes procedentes de otras localidades.

Asume Amaya que al ser esta una imposición de la UE es difícil actuar a la hora de conseguir una prórroga. A la vez, aún no han mantenido un encuentro sobre este asunto con el nuevo local, que sí está revisando el documento inicial sobre la ZBE.

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