El estadio Carranza siempre ha sido una carga para la Zona Franca, institución que salvó al Ayuntamiento en lo que a la financiación del nuevo campo se refiere. Desde que la administración municipal puso en marcha su proyecto de construcción de un nuevo campo de fútbol, en 2002, buena parte de los 68 millones de euros que ha costado esta operación ha salido de las arcas del Consorcio. En su momento, cuando la crisis aún no había llegado, era una operación que se fiaba como rentable, justificándose desde la Zona Franca como una muestra del apoyo que esta institución debía prestar a la ciudad que la vio nacer en 1928. Entonces, además, se tenía claro que el dinero gastado iba a recuperarse con cierta facilidad mediante diversas operaciones urbanísticas.

En poco más de una década, la situación ha cambiado de forma radical. De todo lo previsto en su momento sólo se ha cumplido un punto: la propia construcción del campo de fútbol. El resto, en su mayor parte, ha sido un fracaso teniendo en la tribuna del campo su ejemplo más evidente y costoso para las arcas públicas, en este caso para las municipales.

La situación ha dado tantas vueltas que la Zona Franca no ve la forma de librarse de esta propiedad, especialmente ahora cuando el delegado del Estado en el Consorcio, Jorge Ramos, mantiene la premisa de que la Zona Franca debe volver a sus orígenes: promotor de espacios industriales y de comercio y olvidarse de la política inmobiliaria mantenida en épocas anteriores.

La necesidad de rebajar el importante endeudamiento bancario que soporta el Consorcio, superior a los cien millones, ha llevado a la empresa pública a poner en venta una parte de sus propiedades inmobiliarias, con un montante global de 40 millones de euros, dinero que se destinará íntegramente a rebajar la deuda. De esta cifra, una buena parte corresponde a oficinas habilitadas en el nuevo estadio Carranza.

Así, el Consorcio ha puesto en el mercado un total de 12.764 metros cuadrados construidos, con un coste total de 23.369.300 euros, correspondientes al fondo norte del campo (6.918 metros cuadrados y un valor de 14.823.970 euros) y la preferencia (5.846 metros cuadrados y un precio total de 8.545.230 euros). En la preferencia cabe destacar que queda fuera el suelo ocupado por una superficie comercial.

De todo este suelo apenas hay 340 metros cuadrados sin uso, con un local vacío en cada uno de estas zonas del estadio. El resto está ocupado en su mayor parte por oficinas de la administración regional.

Para facilitar operaciones de venta, la Zona Franca ha decidido no vender en bloques y sí por plantas o locales. El mayor precio se da en la planta baja del fondo norte, con cerca de 2.000 metros cuadrados y un tasación de 5 millones de euros. Su actual cliente es el Servicio Público de Empleo Estatal, que también ocupa un amplio espacio en la primera planta de este fondo.

La Consejería de Justicia tiene en alquiler buena parte de los locales, con más de 7.000 metros cuadrados en total. Si fructifica finalmente la operación de ubicar la Ciudad de la Justicia en las oficinas de Altadis, todo estos locales quedarían vacíos.

Hay también locales en ambos inmuebles que ya son propiedad de los actuales usuarios.

Curiosamente, mientras que la Zona Franca intenta deshacerse de este suelo, tiene también la espada de Damocles de la tribuna del propio estadio Carranza. Un convenio con el Ayuntamiento, firmado en el anterior mandato del Consorcio, liga a esta institución respecto al futuro y financiación de la tribuna del campo de fútbol, que costó 26 millones pagados por el municipio.

Jorge Ramos considera que la Zona Franca no debe entrar en este tipo de operaciones, pero tiene claro, también, que los convenios están para cumplirlos. Eso sí, ahora no es el momento para ello pues la Zona Franca no cuenta con fondos para hacerse con estas dependencias del estadio, donde se proyecta un hotel y una zona comercial.

Evidentemente, si pretende deshacerse de los locales del fondo norte y de la preferencia, resulta absurdo pretender acelerar la compra al Ayuntamiento de una tribuna que, dos años después de su apertura, no tiene ninguna oferta en firma para ocupar el suelo hotelero y el comercial.