Los usuarios de la lonja de pescado se amotinan contra la Autoridad Portuaria

Un grupo de productores, vendedores y compradores de la lonja de pescado del puerto de Cádiz se personarán este jueves en los Juzgados de San José para interponer una denuncia por lo Civil contra la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. La denuncia cubrirá igualmente a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) que gestiona todo lo concerniente a las subastas de pescado en Cádiz capital.

Los denunciantes representan en torno al 60 ó 70% del total de los actuales usuarios de estas dependencias del muelle gaditano. Concretamente, la denuncia parte de Alejandro Barreiro, como representante legal de las empresas Barreiropesca S.L. y de la Sociedad Marítima de Estiba de Cádiz S.L., así como apoderado de la asociación de productores Aprosur.

Previo a la presentación de la demanda contra el organismo que preside Rafael Barra, Alejandro Barreiro les ha remitido un escrito en el que les da conocimiento de sus intenciones.

La denuncia se fundamenta en su desacuerdo con los nuevos sistemas de informatización de la subasta que tratan de implantarse en la lonja. Barreiro afirma que el objetivo final de la profunda remodelación a la que se está viendo sometido todo el proceso de gestión y explotación de las subastas es "asfixiar al sector y conseguir que tanto vendedores, como navieras y compradores dejen en paz al puerto de Cádiz". El representante de los denunciantes dice sospechar que "la pesca molesta a la Autoridad Portuaria y lo que quieren es que en Cádiz no huela a pescado y que dejemos todo nuestro espacio para los contenedores y para meter por aquí los grandes cruceros". "Y es lo que van a conseguir", según anuncia Barreiro. De hecho dice que están recabando información para ver si es posible encontrar otro sitio en el que vender su pescado, "pero ellos saben que esto es muy complicado por el volumen de nuestras ventas y por el lógico control sanitario que esto exige". "Lo saben y pretenden usar esta herramienta para controlarnos y que perdamos, así, una autonomía, hasta cierto punto lógica, porque lo que hacemos es vender nuestros productos".

En el escrito remitido estos días a la APBC, los denunciantes afirman que "se trata de un golpe de estado por su parte, ya que las autoridades portuarias sólo debe intervenir para atender las posibles deficiencias de la iniciativa privada". Y más, Barreiro afirma que acatan "las decisiones de la APBC y la Agapa sobre la informatización de la gestión de las competencias pero nunca asumirán la pérdida de la dirección de la subasta tal y como pretenden pues ninguna norma de rango legal así lo establece".

Consideran que el sistema que pretenden imponer es "invasivo" e "ineficiente desde el punto de vista comercial".

Barreiro y sus representados consideran que "bajo la excusa de la informatización y la confusión de las obligaciones que el Derecho Comunitario reparte entre las autoridades portuarias y operadores y usuarios de las lonjas pesqueras, esta administración trata de controlar la dirección de la subasta invadiendo lo que corresponde al ámbito propio de la actividad privada de las empresas que operan en la lonja pesquera de Cádiz".

Es por todo ello que solicitan a la APBC y a la Agapa correspondiente que limiten la licitación de la informatización al ámbito que corresponda de sus obligaciones y competencias, "sin extenderlas arbitrariamente a los ámbitos de la gestión privada de los operadores que la lonja de Cádiz, los cuales, insistimos, cumplen y cumplirán con su obligación de transmisión de datos vía telemática, sin la intromisión de ningún poder público que prácticamente les intervenga su actividad".

Este colectivo representa a la pesca de altura, ya que a la de bajura no les perjudica tanto, según Barreiro, la informatización del proceso, dado que los volúmenes que mueven son ostensiblemente menores.

De todas formas, los demandantes consideran a la APBC como culpable de esta situación, de manera subsidiaria, "puesto que realmente la agencia pública que hace de asistente técnico es la que actúa de manera más dictatorial sin consultar a nadie". El objetivo de la denuncia, según Barreiro, es, de momento, frenar todo el proceso de informatización que debería estar listo de aquí a marzo.