Como último recurso, la expulsión

La suspensión del derecho de asistencia a clase por un plazo máximo de tres días al alumno que lesione la convivencia en su instituto no es novedad. Tampoco lo es que un director pueda sancionar a un estudiante con tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro. O que las vejaciones y humillaciones con un componente sexual, racial o xenófobo sean consideradas conducta perjudicial. Esas medidas, que se pretenden incluir en el futuro Reglamento Orgánico de los Centros (ROC), ya se vienen aplicando. Lo que se persigue ahora es aunarlas en ese único documento.

A raíz de esa recopilación, pedimos a tres directores de institutos de Secundaria que hagan una valoración de las mismas, de su eficacia. El director del IES Drago, Pedro de Vicente; el máximo responsable del IES Rafael Alberti, Juan Francisco Barcala; y el gestor del IES Columela, Francisco Vaca, parten de que las medidas disciplinarias contribuyen a mejorar la convivencia, pero igualmente coinciden en que al castigo de la expulsión hay que recurrir siempre en último término.

El director del Drago defiende que hay otras medidas "mucho más educativas y eficaces" que la expulsión con las que conseguir que el alumno recapacite sobre su conducta: "Lo primero que hacemos en nuestro centro es abordar el asunto directamente con el alumno. Le pedimos que nos cuente lo ocurrido y establecemos un diálogo que le ayude a reflexionar. Y a veces pedimos a los estudiantes que escriban lo sucedido. Eso también ayuda a la reflexión". Pero cuando un alumno insiste en "dar la lata en clase", se opta por separarle de sus compañeros y enviarlo, durante unos días, al Aula de Convivencia. "En esta aula recibe una atención más individualizada de los profesores. Es una medida disciplinaria que permite al alumno no perder el ritmo de trabajo".

Otra medida es la de permanencia en el centro por las tardes. En esas horas, los alumnos deben realizar su tarea. "Intentamos que las medidas disciplinarias sean útiles. Que no se limiten a una mera sanción. Y también evitamos la expulsión porque puede ser contraproducente. El regreso a las aulas de un estudiante expulsado no es fácil, puede perjudicar tanto al alumno como al centro".

En los otros dos IES, la expulsión también es el último recurso. Cuando se suspende el derecho de asistencia a clase a un alumno, éste no se marcha a casa sino que se queda en el centro realizando deberes con ayuda de docentes. O bien, como alguna vez ha decidido la dirección del Columela, se envía al adolescente a una ong para que colabore con ella durante su horario escolar. "Mandar al niño a la calle no soluciona nada. El remedio es peor que la enfermedad", sostiene Vaca.

Barcala y él apuntan que el máximo de días que un alumno puede estar expulsado no son tres, sino 29. Eso sí, con esa sanción se reprende conductas o actos gravemente contrarios a la convivencia. En los seis años que lleva Barcala dirigiendo el IES Alberti sólo ha tenido que hacer frente a un caso extremo. Su instituto -dice- no es conflictivo, sino "apacible". Pero eso sí, está convencido de que proporcionar a los centros una mayor autonomía "resultaría positivo". Lo explica: "Cada casa es un mundo, pues lo mismo ocurre con los institutos. No se puede comparar el mío con el Drago o el Columela, porque el alumnado no es el mismo ni las relaciones externas tampoco. Estamos ubicados en barrios diferentes y afrontamos problemas distintos. Por eso es necesario una mayor autonomía para las escuelas".

Igualmente, reivindica el reconocimiento de autoridad pública a los docentes, "porque la sociedad no puede permitirse el lujo de denostar al profesorado".