Las dos ex trabajadoras de la asociación ARCA, una trabajadora social y una psicóloga, Leticia Fernández y Lourdes Conte, cuyas firmas en unas nóminas supusieron el inicio de una denuncia municipal contra Alberto Matilla, el fundador de esta asociación dedicada a realizar terapias contra el alcoholismo, afirmaron ayer que ellas en ningún momento actuaron como denunciantes. "Nuestra única pretensión acudiendo al Ayuntamiento fue intentar cobrar las nóminas que se nos adeudaban. El Ayuntamiento realizó la denuncia por su cuenta y riesgo sin informarnos en ningún momento de nada. Nosotros nos enteramos de todo cuando fuimos citadas como testigos".

La versión que han dado las ex trabajadoras, tras darse a conocer el archivo de la denuncia por la que el Ayuntamiento decidió no entregar a ARCA la subvención municipal de cien mil euros pactada con el anterior gobierno municipal y que supuso casi el fin de su actividad, es que ellas quisieron conocer qué había sucedido con el dinero de sus nóminas poco después de haber sido despedidas. "Dijimos a quien nos atendió que no habíamos cobrado pese a que esa subvención se había entregado. Estamos hablando de nóminas de 2014 y en ese ejercicio sí que se había librado la subvención. Fue entonces cuando en el Ayuntamiento nos dijeron que esas nóminas aparecían cobradas con nuestra firma y nos enseñaron una fotocopia a color. Nosotras enseñamos nuestros originales, que no estaban firmados y, a partir de ahí, el Ayuntamiento actuó sin consultarnos. Sólo queríamos cobrar lo que se nos debía y en ningún caso teníamos pensado iniciar acciones judiciales contra ARCA".

Durante sus declaraciones como testigos sobre el caso se sorprendieron de que allí estuviera el abogado del denunciado, Alberto Matilla, pero que no hubiera ningún abogado municipal, que era quien denunciaba. "Nos preguntaron mucho sobre Asista, que era la asociación que habíamos formado después de haber sido despedidas. El enfoque que le quisimos dar era distinto al de ARCA en el sentido en que nos centrábamos más en la juventud y en la prevención".

Aunque intentaron contar con la ayuda del Ayuntamiento, el gobierno local tampoco apoyó económicamente el proyecto, que ni siquiera contaba con un local. Una de las dos ex trabajadoras decidió seguir su carrera profesional por otro lado y la otra continua con el proyecto, aunque admite que su funcionamiento no es el que los fundadores desearían por la falta de respaldo económico municipal.

"En esta historia parece que nosotras quedamos como las malas, cuando en realidad nosotras sólo demandábamos lo que era nuestro, que eran las nóminas. Esto puede afectar a nuestra imagen profesional cuando en ningún momento hemos querido perjudicar a ARCA. Nunca dijimos que nuestras firmas estuvieran falsificadas, sólo que nosotros no las habíamos firmado. Y no habíamos cobrado, lo que es una evidencia, porque los problemas económicos de ARCA venían de tiempo atrás".

A día de hoy, el Fogasa ya ha abonado sus nóminas a una de las ex trabajadoras y la otra espera que se le abone en los próximos meses. "Todo este asunto judicial es algo que nosotras no hemos buscado y queremos que el Ayuntamiento manifieste que ha sido un asunto exclusivamente suyo. De lo que tenga el Ayuntamiento con ARCA no sabemos nada".