La Junta de Andalucía como promotora y las empresas constructoras implicadas en las obras de la Casa de Juan Paje son consideradas por la Policía de Cádiz entidades solventes, que han cumplido la normativa de seguridad. Los investigadores no se pronuncian sobre si tendrían responsabilidades penales en el accidente laboral que ayer costó la vida a Jesús Gutiérrez Garrucho, al intentar bajar de un andamio eléctrico usando un tablón como pasarela. Eso se desprende de la investigación que los agentes del Cuerpo Nacional están llevando a cabo sobre ese suceso.

La Policía enviará en estos día a la Fiscalía especial para accidentes laborales su informe sobre el caso para que este órgano recientemente creado dictamine si hay alguna responsabilidad en este sentido. Las investigaciones policiales apuntan a que la normativa de seguridad se cumplía. El trababajador, además, tenía su contrato en regla, aunque la inspección de trabajo está a la espera de que la empresa Tarcosur, subcontrata en la que trabajaba Jesús Giménez, presente hoy la documentación completa.

El joven portuense llevaba todo su equipo de protección individual puesto cuando le sobrevino el accidente que acabó con su vida. Efectivamente, portaba las botas reglamentarias, el casco y el arnés de seguridad. Pero no le sirvieron para salvar la vida. El desafortunado albañil quiso bajar de la tercera planta en la que se encontraba intentando pasar de una parte del andamio a otra usando un tablón. La improvisada pasarela se rompió y Jesús se precipitó al vacío.

Para bajar de esta manera, el albañil tuvo que desenganchar el arnés, lo que explicaría por qué cayó. En su caída se habría golpeado con uno de los sostenes de la grúa antes de dar con el suelo. La muerte se produjo en el acto.

Lo que deberá dilucidar ahora la Fiscalía, a la luz de los informes policiales y de la Inspección es si hay alguna responsabilidad penal o administrativa en este suceso. La inspección aún tardará unos días en dar a conocer su informe en cuanto a riesgos laborales.

Este accidente se suma a otros ocurridos recientemente en la ciudad, precisamente en edificios en rehabilitación en pleno casco histórico. El más grave de estos ocurrió el pasado mes de septiembre de 2007, cuando un obrero murió en unos trabajos que se estaban realizando en la calle San Roque. Precisamente, el diario El País publicó en su edición de ayer que cuatro personas están imputadas por el juzgado número 1 de lo penal de Cádiz, que ya ha finalizado la instrucción del caso.

Según esa información, las obras de San Roque no tenían proyecto, no contaban con un plan de seguridad, no respetaban las normas de prevención y ademas la víctima no estaba dada de alta en la Seguridad Social. Por estas irregularidades, están imputados el promotor y propietario de la finca, los dos constructores, el aparejador y el encargado de la obra.

Poco después de que se conociera que el trabajador muerto en aquella ocasión no tenía contrato, el constructor declaró que pensaba darlo de alta varios días después.