La limpieza en las calles había comenzado, el silbar de las balas no había cesado y los ciudadanos continuaban temblando en el interior de sus hogares cuando el 22 de julio de 1936 comenzó la otra depuración, la que se producía dentro de los muros del Ayuntamiento... Se suspende de empleo, sueldo y vida... 1.380 personas trabajaban antes del Golpe para el Consistorio gaditano; después, cerca del 30% fueron despedidos, sancionados y/o asesinados por motivos políticos o ideológicos. Médicos, jardineros, chóferes, administrativos, policías, bomberos... Perseguidos y represaliados en varias etapas desde que el terror antidemocrático se impusiera en la ciudad. Ochenta años después, la memoria de estos trabajadores municipales fue reconocida en el Pleno del Consistorio del que fueron expulsados. Ocurrió el viernes.

En la sesión plenaria de la pasada semana la propuesta del Equipo de Gobierno, transformada ya en declaración institucional encaminada a la rehabilitación, reparación y reconocimiento de todos los trabajadores municipales represaliados tras el golpe de Estado de 1936 y durante la dictadura franquista, recuperó una parte de la historia negra de nuestra ciudad que, como todas las historias oscuras, piden a gritos la luz.

La 'limpieza' se hizo efectiva en Cádiz en los primeros momentos del Golpe

Los expertos José Luis Gutiérrez Molina y María Cristina López García se han encargado de recopilar los hitos que dan forma a este relato de represión que culminó con más de 400 trabajadores represaliados, de ellos, 35 asesinados con total seguridad (y otros cuatro más que ofrecen dudas) pertenecientes a todas las secciones, grados del escalafón y condición laboral dentro del Consistorio, aunque el cuerpo de Bomberos se viera especialmente afectado, al igual que las personas cercanas o que formaban parte de organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular o apegadas al anarcosindicalismo.

Una depuración tan sistematizada, pensada y consumada en los primeros momentos del Golpe, que cuando las autoridades centrales pusieron en marcha las medidas represivas en todo el país, apenas tuvieron que ser utilizadas en el Ayuntamiento de Cádiz.

Y es que, primero con métodos provisionales -el despido de quienes no se incorporaran inmediatamente a los trabajos, estuvieran detenidos o se les considerara un problema de orden público- y, después, ya en agosto, con la aplicación de una circular gubernativa -la circular 2475- se depuró sistemáticamente a la plantilla.

Fue el bando publicado el 22 de julio por Eduardo Aranda Asquerino, y los gestores nombrados por el comandante militar golpista de la ciudad, López Pinto, el que inauguró la primera etapa de la purga. El documento daba "dos días" a "todos los trabajadores del Cabildo" para volver al trabajo, a riesgo de ser despedidos o reemplazados. Una orden que afectó a 103 trabajadores, tal como revela el informe elaborado durante el relevo de Aranda por Ramón de Carranza, quien ratificó los despidos a su llegada a la alcaldía el 29 de julio.

Además, a este número pronto se sumaron el cese del director de las escuelas de la playa, Pedro Muñoz Arenillas; las sustituciones de trabajadores en el Laboratorio Municipal y la Inspección de Sanidad; la suspensión de empleo y sueldo a la treintena de empleados municipales que se encontraban detenidos; y las disoluciones de la Guardia Municipal (30 de julio), del cuerpo de Bomberos y los Servicios de Municipalizados (6 de agosto),sumando 500 trabajadores más, es decir, más del tercio del total de la plantilla municipal.

En la segunda etapa, con Eduardo Varela Valverde de gobernador civil, se instauró el instrumento fundamental para las depuraciones, la circular 2475 del Gobierno Civil, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de agosto de 1936, por la que se ordenaba "…una escrupulosa depuración del personal de todas clases para que fulminantemente [quedaran] separados definitivamente de sus cargos todos aquellos que hubiesen tenido relación con el llamado Frente Popular". Una medida necesaria porque, con sus conductas, esos trabajadores habían contribuido a la "ruina de la Patria".

Una medida que supuso el grueso de los ceses y asesinatos tomada en base a los informes que los servicios municipales debían realizar sobre cada uno de sus empleados. Una limpieza tan efectiva que cuando llegó el decreto ley de 5 de diciembre de 1936, la reestructuración administrativa del Movimiento, ya no quedaba ni polvo.