La solución de la vivienda: la oportunidad del Estado y la Junta con Cádiz

Tanto la Junta como el Gobierno Central llevan meses lanzando mensajes de la necesidad de apostar por la vivienda pública, como forma de atajar el problema habitacional que tiene buena parte del país: con precios alto y escasa oferta.

Sin embargo, estos mensajes no van acompañados de actuaciones contundentes en Cádiz, una de las ciudades del país donde este problema es mayor, donde poseen ambos suelos o posibilidad de actuar en nuevos terrenos.

Los últimos años, el dinero de las dos administraciones ha llegado para cofinanciar proyectos inmobiliarios impulsados por el Ayuntamiento. Pero ni uno ni otro ha puesto en marca actuaciones propias. Incluso planes como el del Cerro del Moro, acumulan ya décadas de retraso.

Hoy, Junta y Estado tienen la oportunidad de convertirse en referentes de la solución (parcial, pues no hay suelo para solventar el déficit habitacional que se sufre en la ciudad) de la falta de vivienda protegida en Cádiz. Sin embargo, los pasos que están dando no van en este sentido.

La administración regional, que hace unos años vendió la parcela de Loreto donde se van a levantar 200 viviendas, es propietaria del suelo de Tolosa Latour, de la antigua sede de Náutica y de una finca en Valdeíñigo. En la primera prevé 191 pisos, otros 165 en el antiguo centro educativo y 13 en la que fue sede de la delegación provincial de Trabajo. En total 369 viviendas.

Suelo de la Junta para pisos de renta libre

Sin embargo, la Junta no se ha planteado dedicar estos solares en su totalidad a viviendas de protección oficial. Así, una parte de estos pisos serán de renta libre, lo que reducirá el número de alojamientos con un carácter social. Destaca también que el amplio terreno de Tolosa Latour va a tener que compartir espacio con un edificio dedicado a oficinas.

En cuanto al Estado, en sus manos está el desarrollo del proyecto de Navalips, en el recinto exterior de la Zona Franca.

Aquí se trabaja en una de las mayores promociones de vivienda de la ciudad, con 800 unidades. Pero a pesar de ser una operación estatal, la mitad (400 casas) serán de renta libre. El Ministerio de la Vivienda pierde aquí una clara oportunidad de cumplir su compromiso por las nuevas promociones protegidas. Curiosamente en manos estatales está la finca de Javier de Burgos, propiedad del Sareb, que ha tenido que desalojarse por su estado casi ruinoso, sin que haya proyecto para su reforma.

Al Ministerio de la Vivienda, en manos de PSOE en el Gobierno, también se le abre la oportunidad de entrar en el proyecto de remodelación del polígono exterior de la Zona Franca.

La intención municipal es contar con suelo para vivienda, compartido con empresa limpias, en lo que bien debería de participar el Ministerio del ramo.