La situación legal de dos fincas entorpece el convenio del convento

En otoño de 2005, Junta y Obispado firmaban el acuerdo que posibilitará el arreglo del convento de Santa María, además de varias fincas de intramuros. Había un caso singular entre ellas: el de Paco Alba, 5, una finca viñera que la orden del convento, las concepcionistas, cedería a la Junta para financiar la parte que le correspondía pagar de la rehabilitación del edificio religioso.

Pero también hubo una sorpresa: después de firmado el acuerdo, el Obispado supo que en dos de las fincas incluidas en el convenio, el 11 de Soledad, y Paco Alba, 5 existe un usufructuario vitalicio, una situación que hará imposible cumplir el acuerdo al cien por cien: de momento, Soledad, 11 sale del convenio porque ha sido vendida a un promotor, aunque ninguna de las tres partes implicadas cree que peligre lo establecido sobre Paco Alba.

José Carlos García Solano, responsable de Patrimonio de la Diócesis, explica el origen de esta situación. Estas dos fincas, junto con el número 45 de Cervantes, eran de una particular que las legó, al morir, a dos órdenes religiosas y una hermandad. La de la calle Soledad fue para las hermanas de Sor Angela de la Cruz, la de Paco Alba para las concepcionistas de Santa María y la de Cervantes, para la Esclavitud del Santísimo Sacramento. Pero en los tres casos, nombró a un mismo usufructuario vitalicio, un particular.

Sin el consentimiento de este particular no se puede vender ni alquilar, pero no hay problemas en este sentido, porque no se opone. Lo que sí ocurre es que a esta persona le corresponde un 14 por ciento del valor de las fincas, concreta Gonzalo Pastor, de Administraciones Ortega, que lo representa.

Pastor explica que la hermandad y las orden de religiosas de la calle Benjumeda solventaron ya el problema: vendieron a promotores, y el usufructuario recibió su parte. Lo que sí impedirá una de estas operaciones, la de Soledad, 11, es que se pueda ejecutar del todo el convenio, porque faltará una finca que se citaba expresamente en la cláusula primera, junto con el resto de las que se pretendía arreglar a través del programa de Transformación de Infravivienda. En el caso de Soledad, las religiosas se encontraban con un problema a la hora de aceptar el legado, y es que los estatutos de la orden no permite estas pertenencias.

Otro asunto diferente es el de Paco Alba. Esta finca forma parte del pago de las religiosas de lo que le corresponde financiar de la obra, pero, según asegura García Solano, no tienen liquidez para abonar la parte de usufructuario, ni la tendrán cuando la vendan a la Junta porque, según describe, ésta le pagará "en obra". La finca vale más de 200.000 euros.

Por parte de la Junta, se está a la espera: ya se han hecho los estudios previos para un inmueble que debe ser demolido y reconstruido, pero no se redactará el proyecto hasta que la casa no sea de su propiedad, y de momento ni siquiera hay un contrato de compraventa.

Jesús Martínez, director de la Oficina de Rehabilitación de la Junta, indica que mientras la casa no pase a manos de la Junta no pueden tampoco realojar a los inquilinos, que continúan en este inmueble.

Por su parte, Pastor asegura que el usufructuario sólo espera su parte y no tiene inconveniente en la venta; mientras, sigue percibiendo las rentas -bajas porque se trata de contratos de renta antigua- y se ha hecho cargo, por ejemplo, de un arreglo requerido por el Ayuntamiento, la reparación de dos techos que se habían hundido.

García Solano está convencido, al igual que la Junta, que este problema se solucionará e indica que en todo caso el arreglo del convento más antiguo de la ciudad no corre ningún peligro.