Viven de alquiler gracias a una ayuda municipal porque con los pocos ingresos que reciben no pueden afrontar por sí mismas una renta. Han sido víctimas de violencia, cuentan con menores a su cargo y tienen que abandonar sus pisos debido a retrasos en los pagos del alquiler.

Aunque el Ayuntamiento asegura que está al día con el abono de las ayudas, Inmaculada, Mari Ángeles y Dunia culpan al Consistorio de la situación en la que se encuentran. Aseguran que el retraso durante varios meses de las ayudas al alquiler ha provocado que ellas, a su vez, se retrasaran en sus pagos, ya que el dinero de otras ayudas y el escaso sueldo que recibe alguna lo han invertido en comer ellas y sus hijos, pagar medicamentos y otras necesidades básicas.

Inmaculada tiene que abandonar su vivienda el 27 de octubre y Mari Ángeles el 19 de noviembre; Dunia ha conseguido una prórroga extraordinaria de seis meses gracias al Real Decreto–ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la covid–19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Uno de los dos hijos de Inmaculada tiene espina bífida y el otro necesita atenciones especiales y una medicación para tratar el TDHA que padece. Esto, unido al tiempo de inactividad por el confinamiento y el aumento de gastos para materiales de protección ante la covid para ella y sus niños, hace que su situación económica sea muy precaria, por lo que un mínimo retraso en la ayuda del alquiler es un gran trastorno para ella. Ahora debe tres meses, pero no es la primera vez que tiene problemas de este tipo: ha tenido retraso de los pagos de la ayuda en otras ocasiones y el año pasado llegó a acumular cuatro meses de retraso, "pero eso ya está solucionado", comenta.

Resalta que la casa en la que vive con sus dos hijos se encuentra en muy malas condiciones: "Estamos en una infravivienda, con humedades y boquetes. Sólo hay una pequeña ventana en los dos dormitorios, y la finca está llena de ratas". 

El piso que habita Mari Ángeles se encuentra incluso en peores condiciones, lo que está afectando la salud de sus tres hijas. Especialmente de la mediana, "que tiene las defensas bajas, es asmática y alérgica a los ácaros. Le he tenido que comprar una máquina para respirar cuando tiene ataque de asfixia", relata la mujer.

Ella tuvo un retraso en el ingreso de la ayuda al alquiler "porque perdieron un recibo y tardaron en pagar", y se negó a sacrificar sus escasos ingresos para abonar la renta de una casa en la que están malviviendo. De este modo, dejó de pagar el alquiler y ha pedido ayuda a Procasa y al propio alcalde para buscar una vivienda en mejores condiciones, ya que ella, con su nómina de 260 euros, no encuentra propietario que le haga un contrato de alquiler. "Estoy buscando y pidiendo ayuda por todos lados, porque el día 19 de noviembre tengo que salir de la casa", expresa con angustia. 

Afirma que este será el tercer desahucio al que se enfrenta por retraso en el pago por parte del Ayuntamiento y lamenta que haya "casas vacías e Cádiz y no se ayude a la gente que le hace falta". Mari Ángeles es demandante de vivienda en el registro municipal y asegura que sólo quiere que le ayuden a encontrar un alquiler que ella pueda pagar.

La situación del piso en el que habita Dunia con su hijo no es mucho mejor: "Está llena de humedades y mi hijo tiene apnea del sueño diagnosticada, asma y alergia. Yo he denunciado la situación a Urbanismo", manifiesta.

Esta mujer debe dos meses de renta. Todavía no ha recibido la ayuda del pago del alquiler de los meses de agosto y septiembre. "Llevo cuatro años en este piso, pagando el alquiler con la ayuda del Ayuntamiento pero siempre he tenido problemas por culpa de los retrasos. Anteriormente, me llegó una carta de desahucio y pude hacer frente al pago porque fui a Servicios Sociales diciendo que no me habían pagado la ayuda y se pusieron al día", reconoce. Pero ahora la situación es distinta. En agosto expiró el contrato del alquiler y "debido a los pagos irregulares de todos estos años, me dicen que ya no me renuevan más". 

Ha conseguido una prórroga extraordinaria por la situación del coronavirus y podrá continuar en la vivienda seis meses más, pero después se tiene que ir. "Me veo en la calle con mi hijo, que tiene problemas de salud mental", comenta, y reconoce que esta situación le está afectando a ella psicológicamente, lo que se suma a las secuelas que todavía arrastra del maltrato sufrido. "¿Qué voy a hacer cuando acaben estos seis meses? ¿Quién va a alquilarle una casa a una madre con un niño y sin nómina?". Dunia es demandante de vivienda municipal desde hace nueve años y cree que la solución sería que le concedieran "una casa de alquiler social que yo pudiera pagar y así no estar con el miedo a que me echen".